El sector minero en Panamá se encuentra en una encrucijada. La experiencia reciente con el Proyecto Cobre Panamá, marcada por las controversias y su eventual cierre temporal, ha dejado al descubierto la necesidad urgente de un nuevo paradigma que equilibre el desarrollo económico con la protección del medio ambiente, los ingresos de la nación y el respeto a los derechos de las comunidades. En este contexto, el Acuerdo de Escazú emerge como una herramienta crucial para transformar la forma en que se conciben los proyectos privados y gubernamentales en el país.
El Acuerdo de Escazú, adoptado en 2018 y fruto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, es un tratado regional pionero que busca garantizar el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana en la toma de decisiones y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Panamá, consciente de la importancia de estos principios, firmó el acuerdo en 2019 y lo ratificó en 2020, incorporándolo a su marco legal a través de la Ley 125 de 2020. Sin embargo, la mera ratificación no es suficiente. Para que Escazú cumpla su promesa, es necesario un compromiso real y acciones concretas por parte del gobierno, el sector empresarial y la sociedad civil.
Los beneficios que el Acuerdo de Escazú puede generar en Panamá son:
I. Fomento de la licencia social; este mecanismo es una llave que permite la aceptación de proyectos mineros como Cobre Panamá. La participación de las comunidades en todas las etapas del proyecto permite construir confianza y reducir los potenciales conflictos.
II. Transparencia y rendición de cuentas; el acceso a la información ambiental permite a las comunidades entender los riesgos y beneficios de los proyectos y promover una toma de decisiones más informada y responsable.
III. Protección de defensores ambientales; el acuerdo reconoce el trabajo vital de los defensores y establece mecanismos para protegerlos de amenazas y agresiones. Esto crea un entorno más seguro para el diálogo y la participación ciudadana.
IV. Acceso a la justicia ambiental; el Acuerdo de Escazú facilita que las comunidades afectadas por proyectos obtengan reparación por daños ambientales y sociales.
V. Mejora de la imagen país; la adopción de los principios de Escazú proyecta a Panamá como un país comprometido con el desarrollo sostenible y el respeto a los derechos humanos, lo que puede atraer inversión responsable.
Sin embargo, el Acuerdo de Escazú presenta desafíos que no se pueden obviar, por ejemplo:
I. Retrasos y costos; la implementación de los mecanismos de participación y protección puede generar demoras en la aprobación y operación de proyectos impulsados por la empresa privada y el gobierno. Además, el aumento de los costos asociados a estas medidas puede modificar o retrasar la inversión inicial.
II. Manipulación y polarización; los procesos participativos pueden ser manipulados por grupos de interés y dividir a las comunidades, dificultando la toma de decisiones (como ha ocurrido en los proyectos de Río Indio, Cobre Panamá y en nuevas iniciativas hidroeléctricas).
III. Incertidumbre jurídica; la falta de claridad en la legislación, la reglamentación del acuerdo y la jurisprudencia sobre algunos de sus aspectos puede generar inseguridad para las empresas e inversionistas.
Aunque Panamá cuenta con leyes ambientales y de transparencia, el Acuerdo de Escazú llena vacíos importantes, como:
I. Protección integral a defensores ambientales; establece medidas concretas para protegerlos, algo que no está desarrollado en la legislación panameña.
II. Participación significativa; el acuerdo promueve una participación ciudadana real y vinculante, superando la mera consulta formal.
III. Justicia ambiental especializada; Escazú impulsa la creación de tribunales especializados en asuntos ambientales, con personal capacitado y recursos adecuados.
El Proyecto Cobre Panamá, tras el contratiempo de 2023, tiene la oportunidad de convertirse en un ejemplo de cómo el Acuerdo de Escazú puede contribuir a obtener y mantener la licencia social. Para ello es necesario:
I. Diálogo abierto y transparente; establecer espacios de comunicación con las comunidades, compartiendo información relevante y respondiendo a sus inquietudes.
II. Participación; involucrar a las comunidades en la toma de decisiones, respetando sus conocimientos y valores.
III. Beneficios compartidos; garantizar que los beneficios económicos se repartan de manera justa entre la empresa, el gobierno y las comunidades.
IV. Compensación justa; ofrecer una reparación adecuada por los impactos ambientales y sociales del proyecto.
El Acuerdo de Escazú ofrece una oportunidad única para promover en Panamá un desarrollo más sostenible, responsable y equitativo. Sin embargo, para que sea una realidad es fundamental:
I. Fortalecer la gestión ambiental; el gobierno debe robustecer las instituciones, garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
II. Reglas claras; se deben establecer normas transparentes para la implementación del acuerdo, evitando la incertidumbre jurídica.
III. Promover el diálogo; es esencial fomentar la colaboración entre todos los actores involucrados, buscando soluciones consensuadas.
IV. Garantizar la protección; se debe salvaguardar a los defensores ambientales y promover una cultura de respeto a los derechos humanos.
El futuro de la minería en Panamá y del desarrollo sostenible depende de la participación de todos. Implementar el Acuerdo de Escazú no debe verse solo como una obligación internacional, sino como la mejor oportunidad para construir consensos duraderos y garantizar un crecimiento que beneficie a las próximas generaciones. Es momento de que gobierno, empresas y sociedad civil actúen con visión, responsabilidad y transparencia.
El autor es especialista ambiental.
