No soy banquero, financista ni abogado. Soy ingeniero de profesión, pero cuando veo algo que afecta a mi país, investigo y me pronuncio.
En los últimos años, Panamá ha sido señalado repetidamente como un país “no cumplidor” en la lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal, impulsado principalmente por la Unión Europea y organismos vinculados a la OCDE. Este señalamiento ha calado en la opinión pública internacional y ha afectado la imagen del país. Sin embargo, vale la pena preguntarse si estas acusaciones reflejan realmente la realidad o si responden a intereses y dobles estándares.
Panamá es un centro financiero internacional desde hace décadas. Opera con el dólar estadounidense, cuenta con un sistema bancario regulado y supervisado, y ha sido utilizado legítimamente por empresas, inversionistas y ciudadanos de todo el mundo. Como cualquier centro financiero relevante, ha tenido fallas y desafíos, pero también ha realizado cambios profundos en su legislación y en sus mecanismos de control para cumplir con los estándares internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Estos avances no son retóricos. Panamá ha reformado leyes, fortalecido a sus supervisores y cooperado activamente con organismos internacionales, lo que le permitió salir de listas de observación técnica. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, el país sigue siendo señalado en ciertos foros como si nada hubiera cambiado.
Muchos países de la Unión Europea enfrentan serios problemas de recaudación fiscal y, en lugar de resolver estas prácticas internamente, resulta más fácil apuntar hacia países pequeños en lugar de examinar sus propias falencias, siendo en muchos casos los mayores cómplices de la evasión.
Organizaciones independientes como el Tax Justice Network han señalado que solo una fracción muy pequeña de las pérdidas fiscales globales proviene de los países comúnmente incluidos en listas negras. En cambio, una parte mucho mayor de la evasión fiscal ocurre dentro de los propios Estados miembros de la Unión Europea. Aun así, estos países continúan siendo catalogados como “altamente cumplidores”, mientras otros, como Panamá, cargan con el estigma.
El episodio de los Panama Papers dañó profundamente la percepción internacional del país. El problema no fue la investigación en sí, sino la forma en que se construyó la narrativa. Se utilizó el nombre de Panamá para describir un fenómeno global, cuando en realidad se trataba de prácticas realizadas por clientes de muchos países y facilitadas por una firma privada específica. El resultado fue una generalización injusta.
Panamá quedó asociado, en el imaginario colectivo, con el lavado de dinero, aunque estructuras similares existían —y existen— en múltiples jurisdicciones del mundo. Muchas empresas y personas dejaron de usar estructuras panameñas perfectamente legales, no por ilegalidad, sino por miedo reputacional.
Mientras Panamá es señalado, otros países reciben un trato muy distinto. Suiza, por ejemplo, ha sido históricamente un refugio para grandes fortunas, incluidas aquellas vinculadas a corrupción y saqueo de fondos públicos. Investigaciones internacionales han demostrado cómo bancos suizos administraron durante años dinero de dictadores y funcionarios corruptos de distintos países. A pesar de ello, Suiza sigue siendo considerada “altamente cumplidora” por la OCDE.
Algo similar ocurre con Luxemburgo, donde miles de fondos de inversión administran billones de dólares sin que siempre sea claro quiénes son los beneficiarios finales. Revelaciones como OpenLux mostraron cómo estas estructuras pueden ser utilizadas para ocultar activos y evitar impuestos. Malta, Irlanda, Países Bajos y Chipre también han sido señalados por permitir esquemas de planificación fiscal agresiva, pero ninguno de estos países aparece en las listas más duras de la Unión Europea.
Los mayores escándalos de lavado de dinero de las últimas décadas no pasaron por Panamá, sino por grandes bancos internacionales. Danske Bank, HSBC y Westpac Bank movieron enormes cantidades de dinero de origen sospechoso. Las instituciones fueron multadas, pero rara vez hubo consecuencias penales proporcionales para los responsables, ni se cuestionó seriamente el sistema que lo permitió. En esos casos, el problema se trató como un “error bancario”, no como una falla estructural de los países donde operan estos bancos. Ninguno fue marcado como “no cumplidor”.
Panamá no es perfecto. Aún tiene áreas que debe fortalecer, y nadie sensato lo niega. Pero insistir en catalogarlo como un país incumplidor, ignorando sus avances y sin aplicar el mismo rigor a las grandes potencias financieras, no contribuye a una lucha real contra el lavado de dinero.
Si el objetivo es un sistema financiero más transparente y justo, el esfuerzo debe ser global. No se puede exigir a unos lo que se tolera en otros. Mientras persistan los dobles estándares, las listas y señalamientos seguirán siendo percibidos como herramientas políticas, no como instrumentos técnicos al servicio del bien común. Panamá ha cambiado y ha avanzado. Lo que aún falta es que el mundo —y en particular Europa— esté dispuesto a reconocerlo y a mirarse en el mismo espejo con el que juzga a los demás.
El autor es ingeniero mecánico y promotor de proyectos.
