El gatopardismo suele presentarse como una gran transformación, aunque en realidad es apenas maquillaje. Es como anunciar una remodelación de una casa, pintar la fachada y cambiar los muebles, mientras las tuberías dañadas y los cables eléctricos permanecen intactos. Desde afuera parece un cambio profundo; por dentro, todo sigue funcionando mal. En política, y hoy en el debate constitucional, el gatopardismo aparece cuando se prometen reformas ambiciosas y se renuevan los discursos, pero las estructuras de poder permanecen intactas, asegurando que, en el fondo, nada cambie.
Este riesgo está presente en Panamá. La discusión sobre una nueva Constitución se ha concentrado en la ampliación de derechos: educación, salud, vivienda y trabajo digno. Todos son objetivos legítimos y necesarios. Sin embargo, insistir únicamente en lo que el Estado promete, sin preguntarnos cómo va a cumplirlo, es una forma de falsa renovación. Panamá no padece por falta de derechos escritos; padece por la debilidad de sus instituciones.
La experiencia nacional es clara: los derechos que no están respaldados por estructuras sólidas terminan convirtiéndose en promesas vacías. La corrupción, la impunidad y el clientelismo no surgen por casualidad; aparecen cuando el Estado carece de controles efectivos, independencia institucional y profesionalización del servicio público. Por eso, una reforma constitucional no puede limitarse a cambiar el lenguaje. Si no transforma el diseño del Estado, no transformará la realidad.
Uno de los grandes ausentes del debate es la carrera administrativa. En Panamá, buena parte de la administración pública sigue funcionando bajo lógicas clientelistas. Cada cambio de gobierno implica despidos masivos, pérdida de capacidades técnicas y ruptura de políticas públicas. Se habla de modernización, pero se conserva la dependencia política. Este es un ejemplo clásico de gatopardismo: cambiar el discurso sin tocar las estructuras que sostienen el problema.
El Canal de Panamá ofrece una lección incómoda. Con frecuencia se dice que funciona bien porque quienes lo administran son “buenos”. Es una explicación cómoda, pero equivocada. El Canal funciona porque ha mantenido estructuras institucionales claras: reglas estables, meritocracia y profesionalización. Estas condiciones permiten que la institución resista los cambios políticos. Si se debilitan o se sustituyen por prácticas clientelistas, el Canal podría terminar padeciendo los mismos males que afectan a otras entidades del Estado. El verdadero orgullo nacional no debería estar en las personas, sino en las reglas que sobreviven a ellas.
Lo mismo ocurre con la independencia de los órganos del Estado. No basta con proclamar la separación de poderes si en la práctica existen presiones políticas, favores cruzados o capturas institucionales. Sin independencia real, los derechos quedan siempre a merced del poder de turno.
La educación y la salud lo confirman. Declararlas derechos fundamentales no garantiza mejores escuelas ni hospitales si las instituciones que las gestionan siguen siendo botines políticos. La conclusión es sencilla, aunque incómoda: si la reforma constitucional no cambia las estructuras, no cambiará el país. De lo contrario, seguiremos celebrando fachadas nuevas mientras el deterioro institucional avanza, porque el sistema sigue diseñado para proteger al poder y no para controlarlo.
La autora es arquitecta.
