Recientemente, dos hechos reavivaron el debate sobre la importancia del conocimiento de la historia. Por un lado, las reiteradas declaraciones del presidente electo de Estados Unidos sobre su intención de “retomar” el Canal de Panamá, desconociendo las luchas panameñas por la soberanía y el contenido de los Tratados Torrijos-Carter. Por otro lado, el decreto emitido por el alcalde de la Ciudad de Panamá, que flexibilizó la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas el 9 de enero, día en que se conmemora la gesta patriótica de 1964.
Ambos acontecimientos desataron controversias que revelan un problema más profundo: la fragilidad de nuestra memoria colectiva y la necesidad de consolidar políticas públicas que la fortalezcan.
La memoria, como fenómeno social, no se refiere al simple recuerdo de eventos pasados, sino que consiste en un proceso que permite a las comunidades conocer su historia, interpretarla, resignificarla y transmitirla a las nuevas generaciones. No es solo un recurso simbólico; es una herramienta fundamental para el análisis de la realidad presente, la construcción de ciudadanía crítica y la acción social informada.
De manera progresiva, instrumentos y organismos internacionales como la Convención de la Unesco de 2005 y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reconocido la memoria como un derecho humano, vinculado a la protección de la diversidad cultural, la autodeterminación de los pueblos y la justicia para las víctimas de violaciones a la dignidad humana.
El derecho a la memoria es especialmente relevante en sociedades cuya historia ha estado marcada por relaciones coloniales de dominación por parte de potencias internacionales. La historia de la relación entre Panamá y Estados Unidos es, sin dudas, un eje central de la memoria panameña. Desde el siglo XIX, acontecimientos como la firma del Tratado Hay-Bunau-Varilla, el 9 de enero, la invasión militar de 1989 y la reversión del Canal han definido la institucionalidad política, la economía y las relaciones internacionales de Panamá.
El reconocimiento de este derecho implica que los Estados tienen la obligación de preservar, proteger y promover las memorias colectivas, especialmente aquellas relacionadas con acontecimientos que han marcado la construcción de las identidades culturales de un país.
Si bien actores políticos y sociales panameños criticaron las palabras de Trump, el apoyo —o la comprensión— que algunas personas expresan en redes sociales y programas de opinión a la idea de una eventual “recuperación” del Canal por parte de Estados Unidos evidencia un desconocimiento profundo de los esfuerzos generacionales por consolidar nuestra soberanía.
Estos hechos ponen de relieve la necesidad de que el Estado panameño formule e implemente políticas que fortalezcan las diversas memorias del país, con énfasis en la compleja interacción con Estados Unidos.
La Ley General de Cultura ofrece un marco robusto para abordar estas tareas, ya que reconoce el derecho cultural de las personas, grupos y comunidades a conocer su historia, preservar su memoria social y exigir que esta sea recuperada con el apoyo del Estado; además, establece que la memoria es uno de los principios que guiarán la formulación de la política pública de cultura.
Una política de memoria efectiva exige ir más allá de las conmemoraciones oficiales y las prohibiciones rituales. Debe involucrar activamente a la ciudadanía en la construcción y preservación de las memorias colectivas, crear espacios de diálogo intergeneracional, fortalecer los sitios de memoria como espacios de debate público, fomentar proyectos culturales que reflexionen sobre los hechos históricos desde lenguajes novedosos y atractivos, reconocer las memorias de mujeres, afrodescendientes, indígenas y trabajadores, y realizar campañas de sensibilización sobre la importancia de la memoria histórica para fortalecer la democracia y el sentido de pertenencia social.
El reconocimiento y la protección del derecho a la memoria, materializado en políticas públicas concretas, no es solo una obligación del Estado, es una necesidad vital para preservar y fortalecer nuestra soberanía en tiempos en que las amenazas a esta surgen tanto desde fuera como desde dentro de nuestras fronteras.
El autor es docente universitario, investigador y gestor cultural.
