El ruido que acompaña el llamamiento a la reestructuración del poder constitucional que define nuestra república se escucha cada vez más claro. Esta es una deuda que ha ido acumulando intereses, intereses que serán pagados con nuestro Estado de derecho y la integridad social si no actuamos con rapidez y prudencia. Como país, hemos atravesado tiempos turbulentos y temblores dentro de nuestras instituciones democráticas, pero nuestra posición estratégica, tanto comercial como política, nos ha permitido ganar tiempo extra para evitar un colapso político y económico.
No es desconocido que el mundo enfrenta tiempos complejos, marcados por el aumento de tensiones y conflictos armados, así como desequilibrios internos en las naciones más poderosas. Las naciones más pobres, por su parte, se acercan cada vez más a convertirse en Estados fallidos, incapaces de ofrecer alternativas que restituyan algo de dignidad a sus ciudadanos. El ordenamiento jurídico-constitucional, más allá de la legislación y la creación de instituciones garantes de su ejecución, solo será una solución efectiva si su reconstrucción se enfoca en sanar y mejorar la cosa pública y la estructura republicana, dejando de lado cualquier intento de asegurar la supervivencia política de los actores involucrados. Esto es particularmente cierto en aquellos países que retroceden en términos de avances tecnológicos, económicos y sociopolíticos.
Aunque pueda sonar trillado, Panamá es una nación privilegiada, con el potencial de superar las expectativas económicas y de desarrollo global si se toman las decisiones correctas, en lugar de las que benefician a quienes reescriben las leyes para atender sus propios intereses políticos. Un ejemplo claro es Singapur, que, con una población similar a la nuestra, un territorio 72,000 km² más pequeño y casi sin recursos naturales, genera más de cuatro veces nuestro Producto Interno Bruto (PIB). Esto no es casualidad, sino el resultado de un enfoque legislativo que ha mantenido un sistema jurídico limpio y una economía fortalecida en el mercado laboral, eliminando la dependencia de ingresos asistencialistas. Panamá, por el contrario, se distancia de esa realidad, con una mano de obra que no logra competir debido a que quienes legislan no ven un incentivo político en incrementar la competitividad de los panameños, quienes están cada vez más alejados de los mercados y oportunidades emergentes.
Es urgente reparar los daños a la integridad sociocultural de la república mediante un nuevo orden constitucional que no solo fortalezca la institucionalidad, sino también delimite el poder y fomente la prosperidad económica a través del respeto a la voluntad de un pueblo educado y capaz. Una nueva constitución para la república debe erradicar cualquier espacio para la usurpación del poder, y quienes estén encargados de restablecer la Ley Suprema deben ser lo suficientemente conscientes como para evitar cualquier enajenación de la voluntad general de los ciudadanos. Es imprescindible devolver la dignidad a la patria y tratar la integridad social como una obligación cívica, profundamente enraizada en nuestra Constitución; de lo contrario, no habrá valido la pena reorganizar el poder constitucional.
Las deudas sociales del país se agravan con la postergación de este reordenamiento constitucional, ya que es a través de este que se garantizan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se asegura la supremacía constitucional que limita el poder arbitrario. La igualdad ante la ley que ha sido ignorada, la justicia que se ha postergado, la educación que se ha politizado, el sistema de salud que se ha deteriorado, el trabajo digno que ha sido robado, el medio ambiente que se ha contaminado y la seguridad pública que se ha vulnerado son solo algunas de las deudas acumuladas debido al temor incontrolable de personas carentes de autonomía intelectual, dominadas por su adicción al poder, que buscan perpetuarse en sus cargos, aun cuando el precio es la destrucción del país. El momento de saldar estas deudas sociales llegará con la redacción de una nueva Carta Magna. Es allí donde debemos comprometernos, de manera consciente y determinada, con el bienestar social y la República, no bajo ninguna bandera política o figura popular, sino por el mejoramiento de Panamá y el progreso de todos los que aquí vivimos.
El autor es especialista en ciencias políticas y relaciones internacionales.
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