La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el contrato de Panama Ports Company (PPC) por 13 violaciones.
De acuerdo con información divulgada de manera abundante y sistemática por medios de comunicación de Panamá y corroborada por fuentes oficiales, en casi 30 años de concesión Panama Ports Company (PPC) únicamente pagó $483 millones al Estado panameño, lo que, según la auditoría de la Contraloría, causó un perjuicio al país de $853 millones. Tampoco se recibió un centavo por aquellos servicios que PPC cedió a otras empresas ni por el alquiler de espacios. Cada vez se compartían menos ganancias, pese al aumento en el número de contenedores movilizados.
El ministro Felipe Chapman considera que, en un arbitraje, Panamá puede probar el lucro cesante o los ingresos perdidos. Es dinero robado, mediante argucias pactadas y coordinadas con gobernantes corruptos, que pertenece al Estado panameño y que los gobiernos tienen la obligación de recuperar.
Son, sin duda, necesarias las acciones que ha desarrollado el Gobierno para reemplazar la relación ilegal, caótica y leonina relativa al manejo y operación de los puertos de Balboa y Cristóbal por una que responda a la conveniencia nacional. Todo eso es necesario, pero no suficiente para que el Estado panameño recupere lo que se ha perdido o extraviado, con la complicidad delictiva de algunos malos panameños situados en altos niveles del poder político.
Falta una auditoría que revele no solo si fueron $853 millones o más, sino cómo se perdieron y cuál fue el papel —por acción u omisión— de las distintas administraciones del Gobierno.
Hay que recuperar el dinero. Debe realizarse una profunda auditoría de tipo legal, administrativa, financiera, económica y penal que determine las responsabilidades por acción u omisión de las administraciones de Pérez González, Moscoso, Torrijos, Martinelli, Varela y Cortizo, así como de organismos oficiales como la Asamblea Nacional, el Ministerio Público, la Autoridad Marítima de Panamá, la Contraloría General de la República y otras entidades públicas.
No es suficiente lo actuado. Basta de impunidad y de mirar hacia otro lado. ¿Hasta dónde quieren llevarnos los gobernantes con esta vigencia del delito en la acción del Gobierno?
Lo actuado por el Gobierno es necesario, pero no es suficiente. Queremos justicia. Los responsables deben enfrentar la ley y devolver lo robado. Se sabe quiénes son y dónde están, qué tienen y dónde lo tienen. No queremos —todavía— horcas, paredones ni multitudes con antorchas incendiarias.
¿Qué espera el Gobierno?
El autor es consultor en asuntos económicos y bancarios.
