¿Quién ocupa los espacios donde se toman las decisiones globales? Esta pregunta marcó el reciente diálogo interactivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrado los días 21 y 22 de abril, con los candidatos a la Secretaría General (tres latinoamericanos y un africano): Michelle Bachelet, Rafael Grossi, Rebeca Grynspan y Macky Sall.
Más allá de sus trayectorias, el intercambio puso sobre la mesa temas clave: la concentración de posiciones de alto nivel en determinados países y la distribución geográfica del personal dentro del Sistema de Naciones Unidas, incluyendo reformas como la iniciativa UN80. Ello invita a una reflexión pertinente para Panamá.
El Sistema de Naciones Unidas emplea a más de 130,948 personas. Sin embargo, la presencia panameña es limitada: 408 nacionales, lo que representa aproximadamente el 0.3% del total. Más relevante aún es su distribución: solo 54 panameños ocupan puestos en la categoría Profesional Internacional (niveles profesionales y directivos), donde se concentran las funciones de análisis, coordinación y toma de decisiones.
La mayoría se encuentra en categorías de contratación local: 99 como profesionales nacionales y 255 en servicios generales. Aunque esenciales para el funcionamiento operativo, estos roles tienen menor incidencia en los espacios de toma de decisiones.
En comparación con países latinoamericanos de tamaño similar, la diferencia es evidente. Costa Rica (121), Uruguay (116), Chile (164), Ecuador (185), así como El Salvador (90), Haití (95), Jamaica (78), Guatemala (72) y Nicaragua (67) registran una presencia superior en la categoría de profesionales internacionales.
La situación es aún más marcada en la Secretaría de las Naciones Unidas. De un total de 33,213 funcionarios, según la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación (CEB/2025/HLCM/HR/11, de 31 de agosto de 2025), Panamá contaba con 50 nacionales, de los cuales solo 12 pertenecían a la categoría Profesional Internacional, dentro de un universo de 13,625.
De acuerdo con el informe del Secretario General sobre la composición de la Secretaría (A/80/508, de 28 de octubre de 2025), Panamá se encuentra formalmente subrepresentada. La comparación regional refuerza este diagnóstico: Chile cuenta con 60 profesionales internacionales en la Secretaría, Uruguay (51), Ecuador (37), Haití (36), Costa Rica (32), El Salvador (27), Jamaica (26) y Guatemala (22).
No se trata únicamente de cifras. La influencia dentro del Sistema tiende a concentrarse en los niveles P4, P5 y D1, donde se ejercen funciones de supervisión, redacción normativa y articulación con los Estados miembros. La limitada presencia panameña en estos niveles sugiere una subrepresentación cuantitativa, jerárquica y posicional.
Esto tiene efectos concretos. Una Naciones Unidas menos representativa, en los términos del artículo 101.3 de su Carta, reduce la posibilidad de aportar a la toma de decisiones desde la diversidad de visiones, incluyendo la perspectiva de profesionales de países pequeños y en desarrollo, así como de construir redes institucionales de largo plazo.
Al mismo tiempo, esta dinámica no responde exclusivamente a factores nacionales ni a las políticas adoptadas o no por los gobiernos. Diversos análisis indican que la distribución de cargos también responde a dinámicas estructurales vinculadas a equilibrios geopolíticos. Las grandes potencias han consolidado presencia en posiciones estratégicas mediante mecanismos de redes de influencia, experiencia acumulada y continuidad institucional.
Con el tiempo, algunos cargos de mayor jerarquía y oficinas (como UNICEF, DPPA, DESA, UNOCT, DPO, OCHA, entre otras) han tendido a asociarse con ciertos países, generando patrones informales en niveles superiores. En la práctica, estos puestos no siempre parecen responder exclusivamente a procesos abiertos y meritocráticos, sino también a dinámicas de acuerdos entre Estados con mayor peso, un elemento que ha sido objeto de cuestionamiento durante el diálogo organizado por la Presidenta de la Asamblea General.
Este contexto plantea desafíos adicionales para Estados de menor tamaño, como Panamá, que deben insertarse en un entorno altamente competitivo y estructurado, donde las redes de apoyo político también inciden en las trayectorias profesionales, lo que abre interrogantes sobre si el Sistema selecciona siempre a los más calificados.
A ello se suma la iniciativa UN80, orientada a optimizar costos mediante la reubicación de funciones y oficinas hacia centros operativos más eficientes. Para Panamá, esto representa tanto una oportunidad como un riesgo.
Según datos recientes, Panamá albergaba a 872 funcionarios del Sistema: 495 profesionales internacionales, 99 profesionales nacionales y 278 en servicios generales. Cualquier decisión sobre la reubicación de oficinas podría tener un impacto directo: nuevas funciones podrían fortalecer su rol como centro regional; su traslado, en cambio, reducir su presencia y generar efectos socioeconómicos.
En este escenario, la elección del próximo Secretario General adquiere una dimensión práctica. Su visión sobre la gestión del talento, la distribución geográfica del personal y la implementación de reformas influirá en la presencia panameña en el sistema multilateral.
El autor es diplomático de carrera.
