La memoria política de un país suele ser corta, pero los hitos que definen su institucionalidad merecen ser rescatados hoy, cuando estamos inmersos en un nuevo y decisivo ciclo de reformas electorales. Para comprender el debate actual sobre el Parlamento Centroamericano (Parlacen), es imperativo retroceder a 1999, el año en que Panamá, por primera vez, realizó el ejercicio de elegir directamente a sus representantes regionales.
Es necesario precisar que en 1994 no hubo tal elección directa; fue en mayo de 1999 cuando se estrenó el proceso bajo una arquitectura legal que no fue producto del azar, sino de decisiones tomadas en la Sala de Acuerdos por los magistrados de aquella época: Eduardo Valdés Escoffery, Denis Allen Frías y Erasmo Pinilla. Ellos reglamentaron la elección de 1999 bajo una premisa de practicidad administrativa, alejándose quizás de las discusiones que años antes, en los albores de la reconstrucción democrática, sostenía el magistrado Guillermo Márquez Amado antes de su salida en 1995.
Mientras que en los periodos fundacionales se debatía el fortalecimiento de la relación directa entre el elector y el elegido, la reglamentación final de finales de los noventa optó por el modelo de la lista cerrada, una decisión que, aunque legal, sembró la semilla de la desconexión ciudadana que hoy tratamos de corregir.
Fue bajo ese marco que tuve el honor de formar parte de la Junta Nacional de Escrutinio (JNE) de 1999 con sede en Atlapa, un equipo de ciudadanos independientes liderado por Roberto Lombana (yo), junto a Narciso Arellano (hoy mag. del TE) y César Mario Escobar, asistidos por un grupo comprometido de suplentes como Ezra Zury Silvera, Camilo Alleyne, Víctor Cucalón, Elsa Guanti, Manuel Vásquez y Francisco Fong. Nuestra labor fue de una transparencia absoluta, pero ejecutando reglas que hoy la historia ha puesto en tela de juicio.
En aquel entonces, la JNE no realizó un escrutinio manual de papeletas del Parlacen por la sencilla razón de que no existían en forma separada. El sistema imperante era el de lista cerrada y bloqueada, donde el voto por el candidato presidencial arrastraba automáticamente la lista del partido al Parlacen. El Tribunal Electoral nos suministró los consolidados de la votación presidencial y, sobre esa base técnica, nuestra Junta proclamó a los veinte diputados.
Aquel receso histórico que vivimos en Atlapa no fue por indecisión, sino por rigor legal. No podíamos proclamar a nadie hasta tener el cien por ciento de las actas nacionales para poder aplicar la fórmula de adjudicación. Fuimos los custodios de una ley que, aunque garantizaba la aritmética, limitaba la libertad de elección del ciudadano al amarrarla a una sola casilla.
Durante veinticinco años, ese modelo de voto atado se convirtió en un estándar. Lo que en 1999 ejecutamos como un mandato legal terminó transformándose con el tiempo en un cuestionado refugio de jurisdicción especial para figuras políticas. Sin embargo, el ciclo de la lista cerrada llegó a su fin en septiembre de 2024, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional este sistema.
La justicia electoral le ha dado finalmente la razón a la tesis de que el ciudadano tiene derecho a elegir a sus diputados regionales con nombre y apellido, separando su destino del cargo presidencial. Estamos ahora, a través de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), trabajando en las reglas para el 2029, buscando implementar la quinta papeleta y el voto selectivo.
Pero aquí surge un temor bien fundado: el paso del proyecto por la Asamblea Nacional de Panamá. Existe el riesgo real de que, en el calor del debate partidista, los diputados actuales decidan echar atrás los escalones salvados en la mesa técnica. La tentación de modificar la ley para mantener el control de las listas o dificultar la libre postulación es latente.
Si la Asamblea contamina la reforma para preservar privilegios de cúpula, estaríamos ante un retroceso democrático que ignoraría el mandato de la Corte y la voluntad ciudadana. A la par de la reforma, se mantiene viva la corriente que aboga por la salida de Panamá del organismo, pero la docencia es clara: tras el intento fallido de 2009, sabemos que no existen atajos legales. El retiro requiere denunciar el tratado internacional y lograr un consenso regional complejo.
Mientras esa ruta diplomática no se concrete, nuestra única salvaguarda es una elección digna y directa. La experiencia de 1999 nos enseñó que la transparencia no se negocia por rapidez. Si en aquel año logramos proclamar con certeza basándonos en actas físicas y soportes técnicos, en 2029 no hay excusa para no tener un escrutinio propio, quizás lento pero transparente, donde el diputado al Parlacen deba su curul al elector y no al favor de su candidato presidencial.
La democracia panameña ha madurado; es hora de que las reglas del juego en la Asamblea estén a la altura de esa madurez.
El autor es empresario industrial.
