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En Panamá, el adjetivo “presidencialista” suele emplearse con connotaciones negativas, atribuyéndose a las características de este sistema político gran parte de los problemas del país. Es importante destacar que, en la historia de los Estados modernos, sobresalen dos sistemas de gobierno: el presidencial y el parlamentario. Esta dualidad hace imprescindible un análisis comparativo de ambos modelos.
El sistema predominante en Europa y en la mayoría de los países que fueron colonias británicas es el parlamentario. Este modelo surgió en la Inglaterra del siglo XVII como resultado de la Guerra Civil inglesa y la Revolución Gloriosa, acontecimientos que consolidaron al Parlamento como el principal órgano del Estado por encima de la monarquía, convirtiéndose así en la institución más representativa de la voluntad soberana del pueblo.
En el sistema parlamentario, los electores votan por los candidatos a diputados de su respectiva circunscripción electoral, pero no eligen de manera directa a su jefe de gobierno (primer ministro o canciller, en el caso de Alemania). Este cargo lo designa la mayoría de los parlamentarios elegidos popularmente. Es común, además, que tanto el primer ministro como los miembros del gabinete sean, a su vez, integrantes del propio Parlamento.
Es posible que un solo partido ejerza el poder si cuenta con los votos suficientes en el Parlamento. Sin embargo, debido a la creciente fragmentación partidista, lo habitual es que se requieran pactos de coalición entre distintas fuerzas políticas para conformar el Ejecutivo. Una vez establecido, resulta poco probable que los proyectos impulsados desde el gabinete enfrenten una oposición significativa en el Legislativo, ya que su legitimidad y fortaleza provienen precisamente de la mayoría parlamentaria que lo respalda.
Uno de los rasgos más distintivos del sistema parlamentario es la dinámica mediante la cual, bajo el escrutinio público, los altos funcionarios del Ejecutivo se someten de forma periódica a sesiones de control en el hemiciclo legislativo. En estas instancias, reciben cuestionamientos directos sobre sus políticas públicas por parte de los parlamentarios, quienes pueden debatir abiertamente los planes y programas de la administración en curso.
Cuando un partido no logra la mayoría necesaria en el Órgano Legislativo para formar un gabinete, es preciso convocar nuevas elecciones hasta que por fin se logre conformar el Ejecutivo. También existe la posibilidad de disolver de manera anticipada la legislatura y llamar a elecciones extraordinarias (snap election) si la administración en funciones deja de contar con el respaldo parlamentario suficiente para aprobar los presupuestos generales del Estado, impulsar sus proyectos de ley o conseguir la ratificación de altos funcionarios designados. El objetivo de estas medidas es modificar la composición del Parlamento de tal manera que pueda consolidarse un gobierno estable.
Cuando surgen diferencias entre los socios de una coalición, que llevan a la pérdida del apoyo necesario para sostener al Ejecutivo, el Parlamento puede presentar una “moción de censura” para destituir al jefe de gobierno. Este mecanismo permite conformar una nueva mayoría parlamentaria e investir a otro líder sin tener que convocar a elecciones nacionales. Otra alternativa es que se produzcan cambios internos dentro del partido en el poder y que desde sus propias filas se designe a un nuevo dirigente. La recurrencia de estos escenarios suele generar una considerable inestabilidad política.
Un ejemplo notorio en la historia reciente es el caso del Reino Unido en 2019, cuando Theresa May renunció como líder del Partido Conservador y, por ende, como primera ministra, tras no lograr el consenso necesario en el Parlamento para aprobar el acuerdo del Brexit. A raíz de su dimisión, el Partido Conservador eligió a Boris Johnson como su nuevo líder, sin que se convocaran elecciones generales de forma inmediata.
Por su propia naturaleza, el sistema parlamentario presenta la debilidad de no lograr una separación efectiva de poderes entre el Órgano Legislativo y el Ejecutivo: este último se convierte en un apéndice del primero. La mayoría de los congresistas electos por el pueblo es la que decide quién ocupará la jefatura del Ejecutivo. En consecuencia, la ciudadanía carece de la facultad de ejercer un sufragio directo para elegir a su líder. Ante estas y otras limitaciones del sistema parlamentario, surge como alternativa el modelo presidencialista, desarrollado en Estados Unidos a partir de 1789.
El autor es abogado.
