En política, un gobernante debe rodearse de personas más preparadas y capaces que él: profesionales con formación sólida, inteligencia y, sobre todo, con la valentía de expresar opiniones contrarias cuando corresponda. No se trata de acumular respaldos acríticos, sino de convocar voces sinceras y bien fundamentadas. Quien ejerce el poder necesita límites claros que su equipo recuerde y respete; debe huir de la adulación y acercarse a quienes lo mantengan con los pies en la tierra, dispuestos a disentir y conscientes de que la política es un servicio público, no un medio para servirse.
Los panameños hemos vivido bajo una clase política que oscila entre la plutocracia consolidada y el patrimonialismo endémico, una realidad tan frecuente que a veces se confunde con el éxito empresarial de los gobernantes de turno. No debe equipararse al empresario que crea empleo mediante su esfuerzo con quien prospera gracias a un cargo público, sin ética ni escrúpulos. Esta confusión no es solo moral, sino estructural, y afecta directamente la calidad de la democracia y del Estado de Derecho.
El patrimonialismo, concepto clásico desarrollado por Max Weber, describe una forma de ejercer el poder como extensión del patrimonio personal del gobernante. En este modelo, el Estado y la administración pública se confunden con la esfera privada del líder, y los recursos públicos se gestionan como bienes personales. La autoridad se legitima por la tradición y por vínculos de lealtad personal, más que por normas impersonales y racionales propias del Estado moderno.
El neopatrimonialismo adapta este esquema a contextos contemporáneos donde coexisten instituciones formales —elecciones, constituciones y burocracias— con redes informales de patronazgo. En estos regímenes, el poder se concentra en figuras personalistas, las normas se aplican selectivamente y las instituciones se instrumentalizan para sostener clientelas. No es una anomalía pasajera, sino una forma de organización del poder que se adapta y persiste incluso en democracias formales.
Desde la teoría política normativa, Michael Walzer, en Esferas de la justicia, aporta una clave esencial para comprender esta distorsión. Cada esfera social —la política, la economía o la justicia— debe regirse por criterios propios y no ser colonizada por lógicas ajenas. Cuando el poder político se convierte en una vía para obtener ventajas económicas, se rompe esa separación y se generan formas de dominación injustas. Esta perspectiva permite distinguir con claridad entre el empresario que prospera por innovación y competencia, y aquel que utiliza el cargo público como palanca de enriquecimiento personal, vaciando de contenido la función pública.
La informalidad, lejos de ser un simple defecto organizativo, puede convertirse en una estrategia deliberada de reproducción del poder. Al operar fuera de las reglas formales, el patrimonialismo se refuerza mediante la opacidad y la discrecionalidad, demostrando que no es una forma arcaica de gobierno, sino un patrón persistente y adaptativo.
En esta línea, Francis Fukuyama, en Political Order and Political Decay, explica que el crecimiento económico y la modernización institucional no garantizan la superación de prácticas patrimoniales. Muchos Estados pueden crecer mientras mantienen estructuras de poder capturadas por élites políticas y económicas, especialmente cuando los mecanismos de control no evolucionan al mismo ritmo que la economía. La corrupción y el clientelismo, en estos casos, no son anomalías, sino síntomas de un orden político incompleto, donde las instituciones existen pero carecen de autonomía real.
Panamá combina ventajas estratégicas —su posición geográfica, el Canal y un sector logístico y financiero desarrollado— con vulnerabilidades institucionales. Esa centralidad convierte las decisiones sobre infraestructura y concesiones en puntos críticos donde confluyen intereses políticos y económicos, lo que puede impulsar el desarrollo o, por el contrario, reproducir redes clientelares.
Los recientes conflictos en torno a concesiones estratégicas y procesos judiciales por presunto enriquecimiento ilícito han evidenciado la fragilidad de los mecanismos de transparencia cuando las reglas se aplican de forma selectiva. La sociedad civil y los medios han sido clave para visibilizar estas tensiones, pero, sin instituciones independientes, protección a denunciantes e investigaciones imparciales, las iniciativas anticorrupción corren el riesgo de convertirse en instrumentos de control político.
Romper estas dinámicas exige separar con claridad lo público de lo privado, profesionalizar la administración mediante criterios meritocráticos, fortalecer los órganos de control y garantizar transparencia efectiva en la gestión de recursos estratégicos. Comprender el patrimonialismo y sus manifestaciones contemporáneas es indispensable para fortalecer el Estado de Derecho y asegurar que las ventajas de Panamá se traduzcan en desarrollo inclusivo y sostenible, y no en la perpetuación de redes de poder que limitan la competencia, la innovación y la justicia.
El autor es abogado, docente y doctor en Derecho.
