En la década de los ochenta, Mijaíl Gorbachov vio el agotamiento del modelo soviético y la incapacidad para suministrar los bienes que la población rusa necesitaba. Implementó, entonces, una apertura que buscaba modernizar una economía estancada mediante cierta descentralización e introducción limitada de mecanismos de mercado.
Así, después de otorgar mayor autonomía a las empresas estatales, abrió espacios para pequeñas iniciativas privadas. También dio mayor libertad de expresión, acceso a información antes censurada y promovió el debate público sobre los problemas de la decadente URSS. Era un modelo inédito que buscaba hacer más eficiente el sistema económico y aumentar la participación ciudadana y la transparencia gubernamental. Paradójicamente, ambas reformas contribuyeron al debilitamiento del sistema soviético.
Ese conjunto de reformas económicas y políticas, conocido como perestroika, no logró resolver los problemas económicos, mientras que la glásnost, una política cuyo objetivo era reformar el sistema soviético eliminando la estricta censura y permitiendo la libertad de expresión, el debate público y el acceso a la información, hizo posible expresar críticas acumuladas durante décadas de persecución contra los opositores del régimen.
La combinación de crisis económica, demandas democráticas y movimientos nacionalistas aceleró la desintegración de la Unión Soviética en 1991, a la que sobrevino un período de gran inestabilidad social y política.
Sin embargo, este giro hacia el mercado internacional y la democracia liberal fue visto por los líderes de China y Vietnam como un error, porque abrió simultáneamente la economía y la política. Por el contrario, estas naciones asiáticas impulsaron profundas reformas económicas —con inversión privada limitada, mercados competitivos, exportaciones y creación de riqueza privada—, pero mantuvieron un sistema de partido único, el control de los medios de comunicación, la supervisión de las organizaciones sociales y las restricciones a la oposición política. Es lo que, en términos politológicos, se ha denominado autoritarismo de mercado o capitalismo de Estado autoritario.
Esto viene al caso porque, en los últimos meses, ante la presión de la administración Trump y las serias dificultades económicas, hemos asistido a diversas declaraciones de las élites políticas de Venezuela y Cuba en las que ofrecen, de manera general, abrir espacios al sector privado a través de las pequeñas y medianas empresas para estimular nuevas dinámicas de mercado.
Al parecer, estos liderazgos con vocación autocrática pretenden aprender, quizá a destiempo, de China y Vietnam, siguiendo la lógica del karate de que la mejor defensa es un buen ataque, mediante una reforma económica que busca mantener el monopolio político y evitar a toda costa una glásnost que pueda desencadenar una crisis del régimen.
Es una apuesta a que la prosperidad económica genere una estabilidad y una legitimidad que hoy no existen debido a un modelo político y económico que produjo grandes bolsas de pobreza y que tiene como principal enemigo al tiempo.
Sin embargo, aunque es de aplaudir este esfuerzo de adaptación a la nueva situación geopolítica, Cuba no tiene las ventajas que tuvieron China y Vietnam. Por el contrario, cuenta con un mercado interno pequeño, escasa inversión extranjera, envejecimiento poblacional, emigración masiva y restricciones externas.
En el caso de Venezuela, el fenómeno parece improvisado, ya que durante el mejor momento del chavismo no existió un gran programa de reformas económicas, como sí ocurrió en China bajo el gobierno de Deng Xiaoping. Más bien se produjo una adaptación pragmática consistente en una dolarización informal, mayor tolerancia hacia los negocios privados, menos controles económicos y una menor intervención directa en algunos mercados.
En este país sudamericano no hubo una transformación institucional profunda. Esto dio lugar a una liberalización económica defensiva, en la que se abre la economía para aliviar la crisis, pero sin alterar sustancialmente la estructura del poder político, al menos hasta la detención y extradición de Nicolás Maduro, quien enfrenta serios problemas de equilibrio.
Este escenario permite plantear una pregunta fundamental para regímenes autocráticos de izquierda como los de Cuba y Venezuela ante la presión que ejerce Estados Unidos: ¿puede existir una economía relativamente abierta bajo un régimen políticamente cerrado?
En los ya lejanos años noventa, muchos pensaban que no; que era un sueño guajiro y que era necesario abrirse para jugar con las reglas del mercado internacional. Los más optimistas estaban convencidos de que el crecimiento económico produciría, inevitablemente, democracia.
Un caso cercano es el de México durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), que promovió la liberalización económica sin alterar el régimen político. Y, al final, aquello terminó por colapsar. La democratización del país avanzó aceleradamente hasta la alternancia presidencial de 2000, poniendo fin al largo período de hegemonía priista.
Sin embargo, la experiencia de China, Vietnam y Singapur, que no debe perderse de vista, muestra que un régimen puede combinar crecimiento económico, autocracia, control político y estabilidad prolongada, con la consecuente legitimidad que otorga un Estado capaz de generar bienestar para su población. Es decir, puede existir apoyo social y legitimidad sin democracia.
La pregunta es si los líderes de Venezuela y Cuba, bajo la presión de Estados Unidos, serán capaces de lograr los mismos resultados con las incipientes reformas que, como ya decíamos, tienen como mayor enemigo al tiempo, un factor que seguramente las oposiciones sociales y políticas buscarán aprovechar para ampliar las libertades conculcadas durante décadas.
El autor es profesor de Derecho en Dale E. Fowler School of Law, Chapman University.
