El Presupuesto General del Estado se ha fijado en $34,900 millones, fundamentado en una proyección de ingresos totales de $19,894 millones, de los cuales $8,394 millones corresponden a la recaudación tributaria. Sin embargo, en los últimos años, los ingresos tributarios han tendido a ser sobreestimados. Esta práctica responde, en parte, a la dificultad de alcanzar consensos para ajustar el gasto público, el cual se encuentra condicionado por leyes especiales. Un ejemplo claro es la Ley N.° 362 de 2023, que obliga a destinar al sector educativo un presupuesto no inferior al 7% del Producto Interno Bruto (PIB).
Los gastos totales se estiman en $23,138 millones, de los cuales $3,540 millones se destinarán al servicio de intereses de la deuda. En este contexto, el cumplimiento del límite de déficit fiscal del 3.5% del PIB representa un desafío significativo para el Órgano Ejecutivo, especialmente al considerar que el presupuesto no contempla una reforma tributaria que fortalezca los ingresos para compensar la rigidez del gasto.
Es imperativo recordar que la recaudación tributaria en Panamá se sitúa en torno al 11.9% del PIB, de acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta cifra coloca al país en la penúltima posición de la región en términos de recaudación. Este rezago estructural obedece, primordialmente, a dos factores críticos: el persistente flagelo de la evasión fiscal y el desmesurado gasto tributario.
Frente a estos desafíos, que comprometen la calificación crediticia del país, la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional instaló una Mesa de Trabajo Interinstitucional sobre el “grado de inversión”. En este espacio se abordaron cinco ejes temáticos fundamentales: transparencia fiscal y lucha contra la evasión; subsidios; exoneraciones e incentivos fiscales; inversión extranjera, deuda pública y planilla estatal; e institucionalidad, gobernanza y transparencia.
En el marco de este foro, tuvimos la oportunidad de contribuir en la mesa de “Transparencia fiscal y evasión”. En este espacio se analizaron acciones concretas que podrían implementarse a partir de 2026 para combatir la evasión y la elusión fiscal, con el objetivo estratégico de fortalecer la recaudación tributaria en Panamá.
Durante las sesiones, planteamos la necesidad de modernizar el sistema tributario a través de una reforma integral al Código de Procedimiento Tributario. Entre las propuestas destacaron: la adaptación del Impuesto sobre la Renta (ISR) a los nuevos modelos de negocios digitales; la transición hacia un Impuesto al Valor Agregado (IVA) en sustitución del ITBMS; la masificación de la factura electrónica y el rediseño del sistema de facturador gratuito.
En dicha mesa, se alcanzó el consenso de que la estrategia fiscal no debe centrarse en el aumento de las tasas nominales, sino en la eliminación de exoneraciones, la homologación de tarifas del ISR en regímenes especiales y la ampliación de la base de contribuyentes. Estas medidas se consideran fundamentales para reducir el déficit fiscal. No obstante, se observó con preocupación una brecha del 25% en la recaudación de impuestos indirectos respecto al presupuesto de 2025. El bajo desempeño del ITBMS actúa como una señal de alerta, ya que su caída suele anticipar un impacto negativo en la recaudación del ISR para el cierre del periodo fiscal.
Este esfuerzo de la Asamblea Nacional fortalece la confianza de las calificadoras de riesgo y de la ciudadanía, al institucionalizar un debate fiscal de altura. Si bien las reformas tributarias son inherentemente complejas, Panamá cuenta con un margen significativo para optimizar su recaudación. El desafío para 2026 radicará en transformar estos consensos en una agenda legislativa robusta. El camino hacia la sostenibilidad debe ser gradual, pero es imperativo iniciar de inmediato; mañana ya es tarde.
El autor es socio de Galíndez, Medrano & Asociados.
