En el plano político partidista la nación se ha quedado sin atractivos. Ya no deslumbra el eslogan “soy empresario y no político”. Ni se vislumbra la brillantez de un joven pleno de entusiasmo y con proyecciones creíbles a corto y mediano plazo. Los malos ejemplos han penetrado profundamente la mentalidad general que se tienen que considerar, resultado de comportamientos institucionales y no de conductas individuales.
El ejemplo en que un diputado, por su ocurrencia legislativa, casi hace tambalear la cacareada “seguridad jurídica”, es terrible y estremecedor.
Quién es Roberto Ayala para hacer que su derecho constitucional de intervenir y proponer en el pleno de la Asamblea la introducción de un artículo para derogar una ley, se transforme en un “delito constitucional”, un llamado “camarón legislativo”, ante la mirada impávida de una mayoría unánime de diputados que representan los intereses de la nación panameña.
La propuesta del diputado Ayala sería intrascendente si la Asamblea hubiese sido responsable de sus actos. El delito se perpetró por consentimiento unánime de los diputados y de su junta directiva. No importó el principio constitucional que impide esas ocurrencias.
Las leyes tienen que pasar por tres debates en días distintos. No se trata de ahorrar tiempo, suprimir lecturas, delegar funciones: se trata, precisamente, de impedir no solo camarones legislativos, sino leyes improvisadas, injustas e interesadas en servir a particulares y no a la comunidad. Si los diputados tienen alguna obligación, es la de hacer leyes justas mediante la consulta democrática en días distintos. Es un mandato democrático y constitucional.
Bajo estas consideraciones, deben ser juzgados por la Corte y por la ciudadanía. No son los diputados aislados los que salvarán a la Asamblea Nacional, sino el mismo cuerpo legislativo, en pleno, que deberá pedir perdón por este exabrupto y proceder a una renuncia masiva para facilitar una convocatoria a una constituyente.
Este análisis sobre responsabilidades que no solo ha desprestigiado la seguridad jurídica, sino que ha transformado al responsable de su tutela en un cuerpo errático y violador de los principios constitucionales, nos conduce a concluir lo siguiente: La hora de los partidos políticos y de sus propuestas electorales ha pasado.
Estamos en la hora de la ciudadanía que va a resurgir desde su inercia en un movimiento de rescate nacional. Se levantarán líderes que se ganarán la confianza para configurar nuevas instituciones políticas, sociales, gremiales y culturales.
Lo primero que se ha de lograr es una capacidad de análisis y crítica que no se deje manipular ni aconductar por conductores de opinión como ha sucedido en países vecinos y distantes.
Lo segundo es revisar la publicidad y la propaganda política. Esta no puede ser tan restrictiva y tan a corto plazo que solo permita reconocer a lo expuesto mediáticamente. Este fenómeno, diseñado para proteger a la ciudadanía, ha dado como resultado que locutores se transformen en líderes políticos de 24 horas.
La vida es esperanza del advenimiento de una mejor situación, de un mundo mejor de relaciones y de convivencia.
El autor es filósofo y abogado