Desde el 18 de febrero, Perú tiene un nuevo presidente. José María Balcázar, congresista octogenario del izquierdista partido Perú Libre, fue designado de manera sorpresiva por el mismo Congreso, dominado por fuerzas mayoritariamente conservadoras, que apenas 24 horas antes había censurado a su antecesor, José Jerí.
Es el cuarto mandatario del quinquenio, iniciado en 2021 con la elección del sindicalista del sector magisterial Pedro Castillo —del mismo partido que Balcázar—, quien fue destituido tras su fallido autogolpe en 2022. Perú confirma así un patrón persistente de inestabilidad y fragilidad institucional que se remonta a 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski asumió la presidencia con apenas 18 escaños frente a los 73 obtenidos por el fujimorismo, que ejerció una oposición sistemáticamente obstruccionista. Desde entonces, el país ha tenido ocho jefes de Estado —todos ellos en situación de minoría parlamentaria— en apenas una década.
Un perfil controversial
La llegada de Balcázar al poder está rodeada de controversias que erosionan su credibilidad y legitimidad desde el inicio. Sus declaraciones en defensa del matrimonio desde los 14 años suscitaron un amplio rechazo, mientras que investigaciones judiciales en curso por presunta apropiación ilícita de fondos proyectan nuevas sombras sobre su trayectoria. Con una extensa carrera en el ámbito judicial y electo congresista en 2021 por Perú Libre, Balcázar simboliza la continuidad de ese sector político de izquierda en un contexto de extrema fragmentación y profunda desconfianza ciudadana hacia la clase dirigente.
Su mandato será breve y políticamente frágil, limitado a escasos cinco meses, hasta el traspaso de poderes que tendrá lugar el 28 de julio. Durante este período, deberá concentrarse en preservar la gobernabilidad, garantizar la integridad del proceso electoral de abril, facilitar una transición democrática ordenada y responder al deterioro de la seguridad. Sin embargo, sus antecedentes, sumados a las severas críticas de actores políticos y de medios de comunicación tras su designación —el editorial de El Comercio la calificó de “irresponsabilidad imperdonable”—, subrayan la precariedad de su posición tanto frente al Congreso como ante la opinión pública. Por su parte, el poder judicial acaba de citarlo formalmente a juicio oral por el presunto delito contra el patrimonio, en agravio del colegio de abogados de Lambayeque, fijando la audiencia el 16 de junio. Por todo ello, y pese a la brevedad de su mandato, su permanencia en el cargo no está garantizada: cualquier traspié podría derivar en su censura por mayoría simple, como ocurrió con Jerí.
Inestabilidad política crónica
Perú arrastra una anomalía constitucional que ha terminado por debilitar su propio sistema presidencial. La figura de la “vacancia por incapacidad moral permanente” —concebida como un recurso excepcional— ha sido utilizada de manera desvirtuada como un mecanismo que permite al Congreso destituir presidentes con base en criterios amplios y ambiguos. En la práctica, esto ha transformado el presidencialismo en una suerte de parlamentarismo de facto, donde la permanencia del jefe de Estado depende menos del mandato popular que de su capacidad de sobrevivir en un Congreso fragmentado. Desde 2016, este mecanismo ha sido activado de manera recurrente, produciendo una sucesión de presidentes débiles, bloqueados por el Legislativo y finalmente removidos, sin que sus sucesores logren romper el mismo ciclo de fragilidad.
El problema no es ideológico, sino estructural. Han caído presidentes de todo el espectro político, reflejo de un sistema marcado por la extrema fragmentación política, la ausencia de mayorías estables y un Legislativo sin incentivos para la cooperación. El resultado es un diseño institucional que facilita la destitución pero dificulta la gobernabilidad, alimentando gobiernos transitorios incapaces de implementar reformas sostenidas. Con partidos débiles, cálculos políticos de corto plazo y reglas constitucionales ambiguas, Perú ha entrado en un equilibrio inestable donde el poder presidencial ya no está garantizado por la elección, sino condicionado por una confrontación permanente con el Congreso.
Mientras tanto, la ciudadanía observa con creciente cansancio y escepticismo —y, en no pocos casos, incluso con indiferencia— un guion político que una dirigencia desprestigiada repite, de manera irresponsable, una y otra vez.
Resiliencia macroeconómica: ¿cuerdas separadas?
Paradójicamente, y hasta la fecha, las variables económicas han mostrado resiliencia frente a la inestabilidad política. Algunos analistas creen que la economía puede crecer de manera autónoma (en una cuerda separada), ignorando la inestabilidad política y la baja calidad de sus instituciones. El Perú presenta así un escenario inédito: combina volatilidad política con estabilidad macroeconómica y crecimiento: 3.5% en 2025, muy por encima del promedio regional.
¿Cuáles son las razones que explican este fenómeno? Por un lado, disciplina fiscal, niveles de deuda moderados y un Banco Central —tecnócrata e independiente— bajo la acertada conducción de Julio Velarde desde hace dos décadas ininterrumpidas que garantizan certeza y confianza. A ello se suma un contexto externo favorable con altos precios de los minerales estratégicos, especialmente el cobre y el oro.
Esta resiliencia macroeconómica convive, sin embargo, con fragilidades estructurales profundas. La informalidad supera el 70%, el sistema previsional sigue siendo débil y persisten brechas significativas en capital humano e infraestructura que restringen el potencial de crecimiento de largo plazo. El auge minero ha impulsado la expansión económica, pero no se ha traducido en desarrollo humano ni en una mayor cohesión social, mientras que sus beneficios continúan altamente concentrados. En síntesis, aunque la economía ha demostrado capacidad para amortiguar episodios de volatilidad política en el corto plazo, su resiliencia difícilmente podrá sostenerse de manera indefinida sin una normalización institucional que restaure la estabilidad y la confianza. De hecho, la inversión privada comienza a resentirse, al tiempo que aumenta la conflictividad en un contexto marcado por elevados niveles de informalidad y malestar social.
Fragmentación electoral
Las elecciones de abril de 2026 representan un punto de inflexión para Perú, pero las señales iniciales apuntan más a la prolongación de la inestabilidad que a su resolución. El récord de 36 candidatos presidenciales evidencia una fragmentación extrema. Según las encuestas más recientes, a solo siete semanas de los comicios, Rafael López Aliaga encabeza la intención de voto con apenas entre 12% y 14%, seguido por Keiko Fujimori con entre 7% y 8%. Otros cuatro candidatos se sitúan en un estrecho rango de entre 4% y 5%, mientras más del 40% del electorado permanece indeciso o se inclina por votar en blanco o viciar su voto, reflejo de un profundo desapego hacia la clase política.
La segunda vuelta parece inevitable, pero la verdadera incógnita no es solo quiénes la disputarán y quién vencerá, sino con qué respaldo institucional podrá gobernar. No debe descartarse una sorpresa de último momento debido al alto número de indecisos. Por ahora, ningún candidato parece en condiciones de asegurar una mayoría en el Congreso bicameral que se reimplantará en esta elección. El resultado más probable es otro Ejecutivo débil desde su origen, obligado a negociar su supervivencia y vulnerable a nuevos intentos de destitución.
Una encrucijada histórica
Perú enfrenta una paradoja cada vez más marcada: una economía con fundamentos sólidos coexiste con un deterioro político persistente, una ciudadanía cada vez más desconfiada y una inseguridad que domina la agenda pública. La democracia funciona en lo formal, pero su calidad continúa erosionándose bajo el peso de la fragmentación, la corrupción, la debilidad institucional y la volatilidad. Todo ello configura un equilibrio precario: estabilidad macroeconómica sin estabilidad política, crecimiento sin cohesión social y resiliencia económica sin legitimidad institucional. Superar esta brecha exigirá un nuevo contrato social, una reforma político-electoral profunda y un pacto de gobernabilidad que traduzca la fortaleza macroeconómica en desarrollo inclusivo, empleo formal y una efectiva relegitimación democrática.
La pregunta que los peruanos deben hacerse en esta crítica coyuntura no es ya “¿en qué momento se jodió el Perú?”, como inmortalizó Mario Vargas Llosa en Conversación en La Catedral. La pregunta hoy es otra, más inquietante y más urgente: ¿cuánto tiempo puede el Perú seguir jodiéndose sin que su economía deje de ser suficiente para sostener a una democracia cada vez más frágil e inestable?
Perú no está condenado al fracaso, pero sí advertido. La resiliencia macroeconómica no constituye un cheque en blanco para la irresponsabilidad política crónica.
El autor es director y editor de Radar Latam 360 @zovatto55
