La corrupción en Panamá recibe calificaciones de alto riesgo por parte de organismos internacionales, para no decir “de alta gama”, como si se tratara de productos tecnológicos avanzados. Mientras tanto, un “honorable diputado” busca congraciarse con uno de los mayores delincuentes fugitivos, negándose a aprobar leyes anticorrupción con excusas sacadas de las cómicas, junto con su grupo de cómplices.
Se desconoce si reciben o buscan favores a cambio, al seguir esa línea política. Al mismo tiempo, ese mismo diputado intenta promover una ley para favorecer a uno de los personajes más cuestionados por corrupción en el país, tratando de convencernos de que es un santo, pese a que se trata de un fugitivo condenado por blanqueo de capitales. Lejos de ayudar al país, iniciativas como esa debilitan la justicia. Esperemos que no se salga con la suya y que sus colegas lo dejen en evidencia, pues reflejaría un sistema de justicia tratado como mercancía al mejor postor.
Mientras nuestro país no combata la corrupción de frente, seguiremos más empobrecidos y endeudados, favoreciendo a ciertos grupos políticos y económicos aliados al poder. Por eso continuaremos apareciendo en las listas grises y negras internacionales, mientras nuestra llamada “democracia” corre el riesgo de convertirse en un fracaso, liderada por partidos tradicionales que no tienen interés en modificar un sistema que alimenta negociados. Así ha ocurrido en los últimos 30 años: cambian nombres de calles, dividen distritos en nuevos corregimientos y anuncian megaobras que se inflan con millones, para luego añadir otra adenda en el siguiente periodo y sacar mayor provecho para ciertos bolsillos.
Paralelamente, la pobreza aumenta, los sistemas de salud y educación se deterioran, falta agua potable y las calles siguen en mal estado, porque los corruptos buscan sacar dinero de todos sin enfrentar castigo.
Los nuevos integrantes de la Asamblea, MOCA y Vamos, intentan marcar alguna diferencia, pero por su número reducido no pueden hacer milagros. Se requiere sumar más diputados dispuestos a enfrentar la corrupción, porque no podemos seguir contando con los mismos de siempre, que reparten bolsas de arroz, sacos de cemento o promesas de becas para convencer a personas necesitadas.
Los empresarios, esperamos, se sumen a esta lucha contra la corrupción, tal como ocurrió cuando el país enfrentó la dictadura de Manuel Antonio Noriega.
La justicia también parece dormida. El caso Odebrecht, por ejemplo, acumuló retrasos de casi diez años debido a tecnicismos, dilaciones y maniobras legales. Al final, algunos implicados lograron librarse de responsabilidades sin que el país recuperara plenamente los fondos de las coimas, presuntamente lavadas a través de ciertos bancos locales. La ciudadanía sigue esperando justicia.
Otro punto afectado es la libertad de expresión. En plena “democracia”, se bloquea información sobre actos de corrupción y se intenta apabullar las protestas, como ocurrió con el tema de la minería, que muchos rechazamos en las calles durante casi dos meses. Ahora se pretende castigar con cárcel a quienes se cubran el rostro en manifestaciones, tipificando ese acto como delito grave. Lo mismo ocurre con el tema del etanol, que algunos intentan imponer sin considerar posibles efectos en los vehículos. Pareciera imponerse una democracia de pocos, sin tomar en cuenta la consulta popular, quizás porque temen ser derrotados en las urnas.
En teoría, las leyes definen lo correcto y lo incorrecto. Pero en Panamá pareciera que algunos intentan presentar a los corruptos como “buenos”, facilitando que unos pocos se lleven el dinero de todos mediante trucos y negociados falsos. Esto perjudica a las mayorías y permite que el sistema corrupto continúe operando frente a nuestras narices, con una “justicia” que muchas veces parece fantasma.
Miles de panameños padecen una mala calidad de vida, mientras unos cuantos se aprovechan de un sistema donde la justicia no llega para todos. Y lo peor es que, en muchos casos, los responsables terminan beneficiados con medidas cautelares.
El autor es especialista en salud pública.
