Panamá lleva décadas arrastrando una deuda histórica con su sistema educativo. Desde 1995, se han realizado 17 diálogos para mejorar la calidad de la educación, involucrando a diversos actores. Los acuerdos de estos diálogos, de haberse implementado adecuadamente, podrían haber transformado nuestro sistema educativo. Para 2010, se habían promovido trece de estos diálogos. Lastimosamente, las recomendaciones fueron ignoradas en su mayoría desde entonces. Seguimos implementando iniciativas sin sustento técnico y sin garantías de avances reales. Lo más alarmante es que en la actualidad sigue habiendo resistencia a la herramienta más poderosa para lograr un diagnóstico claro: la prueba PISA.
PISA evalúa lo que los jóvenes saben y son capaces de hacer con lo que han aprendido al finalizar la educación secundaria obligatoria en muchos países. Los estudiantes que la llevan a cabo tienen 15 años y provienen de contextos socioeconómicos diversos. Ha sido adoptada por países líderes en calidad educativa, como Suiza, Singapur y Japón, así como por Chile, Uruguay y Costa Rica, en América Latina. Estos países comprenden que, sin medir, no se puede mejorar. PISA es una radiografía que revela la calidad del sistema educativo y las habilidades prácticas de los alumnos, para un mundo globalizado, en lectura, matemáticas y ciencias. Entonces, ¿por qué las autoridades panameñas evitan que participen nuestros alumnos?
La respuesta es clara: pareciera ser que es porque PISA expone la verdad. Participar obligaría a enfrentar las debilidades del sistema educativo. A pesar de fallidas reformas curriculares que solo enfatizan en lo académico, dejando de lado el pensamiento crítico y las competencias, nuestro sistema educativo no avanza como debiera. ¿Cómo podemos esperar mejorar sin medirnos? No hacerlo nos mantiene en un peligroso desconocimiento. ¿Cómo podemos preparar a los jóvenes para competir en un mercado global si no sabemos cuán preparados están para hacerlo?
El Ministerio de Educación ha intentado justificar la falta de participación en PISA alegando un alto costo de 8 millones de dólares, cuando en realidad es mucho menor (217,910 dólares, según el diario La Prensa). ¿No será que no es cuestión de recursos financieros sino que no queremos conocer los resultados o aplicar las necesarias recomendaciones? A pesar de contar por ley para educación con el 7% del PIB, -para algunos, una cifra desorbitada- no solo lo económico determina la calidad educativa. Es primordial la data para lograr ser un país más competitivo.
En la última participación de Panamá en PISA, 4,544 estudiantes de 215 escuelas completaron la evaluación en matemáticas, lectura y ciencias, una muestra representativa de unos 42,100 jóvenes, de la población de 15 años. Aunque la participación fue significativa, no se le dio seguimiento adecuado para traducir esos datos en políticas efectivas, responsabilidad de los gobiernos, no de quienes organizan las pruebas.
PISA ofrece un diagnóstico preciso de las competencias críticas que los estudiantes necesitan para enfrentarse a los retos del siglo XXI. También permite identificar brechas entre estudiantes -zonas rurales versus urbanas; diferentes niveles socioeconómicos-, información clave para diseñar políticas que reduzcan las desigualdades educativas.
No participar en PISA condena a nuestro sistema educativo a operar desde la desinformación. Sin datos concretos y actualizados, no podemos ajustar nuestras políticas ni focalizar recursos. La falta de información compromete no solo la calidad educativa, sino también el futuro económico del país. En un mundo globalizado, donde la competitividad depende de habilidades y competencias, Panamá está quedando rezagado.
El costo de no medirnos es altísimo. Seguimos estancados en un sistema educativo que perpetúa desigualdades y condena a los jóvenes a un futuro incierto. Un joven sin competencias no podrá obtener un trabajo formal, no cotizará en la CSS y será candidato a subsidios.
Es urgente que Panamá deje de ignorar la importancia de la transparencia en la data educativa. Negarse a participar en PISA no es solo una falla técnica, es una falta de compromiso con el futuro de los jóvenes. Si queremos mejorar, debemos enfrentar la realidad, medir nuestro rendimiento y tomar decisiones basadas en datos.
Participar en PISA no es una opción, es una obligación para cualquier país que aspire a un futuro de progreso con justicia social.
El autor es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación
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