Con el verano preelecciones vuelven a la carga partidos y candidatos. Las palabras de moda vuelven a ser “programas”, “planes”, “estrategias” y otras que parecen sacadas del manual de proyectos del Banco Mundial. Se producen, o más bien se desempolvan, volúmenes de estudios y recomendaciones con que los candidatos y los partidos intentan engatusarnos para votar por ellos.
Para bien o para mal este es un ejercicio poco productivo y hasta fraudulento. La evidencia, que arroja el desempeño de cada uno de los gobiernos desde la dictadura, es que entre sus planes y sus logros con suerte llegan al 25%. A la hora de la verdad, se gobierna al calor del momento, se improvisa y se remienda. Ese actuar contrasta brutalmente con la retórica pomposa, escéptica y rectilínea que caracterizan los voluminosos planes y los ya imprescindibles power points.
Por otro lado, es innegable la dosis de demagogia electorera que llevan los planes. Un buen amigo me recuerda la frase chusca pintada en una jarra artesanal de cerveza, que de un lado lee “Prometer hasta meter…” y del otro “Y después de metido… olvidar lo prometido”. En las promesas electorales hay algo de eso también.
Como los gobiernos tienen un récord de desempeño muy bajo respecto a sus planes de campaña, lo que un elector racional buscaría en un candidato es su capacidad de hacer buenas sus promesas o sea su capacidad para ejecutarlas a tiempo y con eficiencia de recursos. Al fin de cuentas solo tienen cinco años para transformar el país y hacernos a todos prósperos y felices. Pero hay poco o nada del “cómo”, porque los candidatos apuestan a una oferta abultada y hasta imposible para poner a salivar al cliente político pensando en el consabido “que hay pa mí”.
Las promesas electorales no reiteran el compromiso de los candidatos con las cosas que son esenciales para mantener y proteger la república y la sociedad, y debían. Nadie dice nada sobre la noción de defender y fortalecer una sociedad abierta donde quepamos todos, de sostener un Estado de derecho que potencie el ciudadano, un sistema económico abierto sin moneda de curso forzoso que tanto ha contribuido a forzarle la mano al gobierno hacia la sensatez financiera. ¡Que hay que preservar a toda costa la separación de poderes y desempapelar al Estado!
Muchos dirán que todo esto está sobrentendido, pero no. En los últimos 10 años hemos vivido grados crecientes de intolerancia, abusos de poder y sin que medie consenso ciudadano hemos permitido lesiones a nuestra soberanía. Por lo tanto, es importante que los candidatos que parten de la premisa de defender y fortalecer estos pilares de la sociedad, la exterioricen sin ambages.
Expresiones tan abstractas como “reforma profunda del Estado” o “poner fin a la corrupción” no se deberían abordar sin indicar medidas específicas para lograrlo y al menos una calendarización de esas decisiones y medidas. Las vaguedades alimentan la sospecha de que no hay medidas ni decisiones concretas, mucho menos claridad del reto o problema que hay que enfrentar y resolver.
Por supuesto que dependiendo de la audiencia la promesa electoral se matiza a los intereses de ese mercado electoral. Eso es posible hacerlo con éxito alrededor de temas limitados y concretos. Pero en los problemas de gran envergadura, como la imperativa reforma a la seguridad social, dan poco para mediatizar los mensajes. Además, buena parte de los problemas “gordos” que enfrentará el nuevo presidente, requieren grandes recursos, no son de solución inmediata, sino sobre mucho tiempo y conllevan deterioro del capital electoral del presidente y su partido.
Lo bueno de estas elecciones es que quien sea que gane, no tiene mucho margen para “patear la lata” hacia adelante. Habrá que ser sincero, porque la complejidad y el tamaño de muchos problemas no dan margen a disimularlo o esconderlo. Me gustaría pensar que el ganador se empinará sobre las dificultades y los “costos políticos” y apostará a los réditos sociales y morales de una buena gestión.
El autor es director de la Fundación Libertad.