Pues ya está. El Gobierno, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), es la salvación de los nadie. En un salto estadístico inédito, la magia de los informes ha bajado el índice de pobreza en Panamá del 25.6% al 22.3% en solo un año. Además, los investigadores oficiales saben a qué se debe el milagro del pan y los peces: a los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) que tan generosamente desarrolla el Ejecutivo… Es decir, a las migajas repartidas en forma de becas, subsidios y cheques mensuales que se distribuyen de forma temporal y sin que formen parte de una política pública de Estado que los incorpore como derechos sociales.
Los TMC son la estrategia preferida por los gobiernos latinoamericanos en los últimos años. Los TMC consisten en la transferencia de recursos económicos (algunas veces también de recursos materiales de otro tipo) a familias o personas empobrecidas –nunca a pueblos o comunidades– a cambio de una serie de condiciones que suelen tener que ver con la asistencia de los niños y niñas a la escuela, las revisiones periódicas de salud para mujeres y menores e, incluso, aspectos nutricionales. Si en 1997 solo tres países del continente aplicaban estos TMC, en 2014 eran 26 los Estados que incluían algún tipo de programa de transferencias condicionadas.
Estas políticas ponen al ciudadano en la posición de víctima, de objeto de subvenciones y no como sujeto activo de derechos. No se trata, pues, de un sistema de protección o seguridad social, sino de un arma política que no solo permite controlar a grandes sectores de la población, sino que desactiva actividades productivas clásicas: es más rentable esperar el cheque o la beca que mantener la autonomía familiar y personal básica. Ya se puede ver el efecto de las TMC en Brasil o en Colombia, donde bolsones enteros de población salen estadísticamente de la pobreza a costa de convertirse en mendigos dependientes del cheque mensual del Estado. El sistema es tan perverso que en Colombia, por citar un ejemplo, se ha detectado un aumento de los embarazos en ciertos sectores porque cada nuevo hijo supone un pequeño aumento del mísero aporte mensual a las madres en situación de pobreza.
No estoy yo en contra de la redistribución de la riqueza, pero es eso lo que hace el gobierno de Varela. Se redistribuye cuando el Estado tiene una política fiscal justa y escalada y cuando desarrolla un modelo de protección social serio que no desarticule a las comunidades sino que empodere a la ciudadanía.
No se redistribuye porque no se recauda. En estos días, Olmedo Beluche recordaba que el sector marítimo, que mueve el 33.5% del PIB del país, solo tributa un 2.3% del total de su volumen. Los grandes capitales de Panamá no pagan impuestos. Así que lo que el Estado redistribuye no es más que las sobras de la nada.
El crecimiento sostenido de la economía panameña en la última década no ha logrado cerrar la brecha de la desigualdad y la pobreza, esa a la que todos los gobiernos dicen ganarle la partida, puede que sea cada día menos económica pero está enquistada de forma estructural en el sistema y muestra sus aspectos menos monetarios: pobreza democrática, pobreza participativa, pobreza ambiental, pobreza cultural…
Sería indispensable que el MEF mostrara otras estadísticas. Por ejemplo, las de la ínfima tributación a los grandes capitales, las de la ineficacia en la inversión pública o la del coste indirecto de unas TMC que desmovilizan a una población en lugar de ofrecerle un marco complejo de oportunidades para gestionar su propio presente y diseñar su propio futuro.
La pobreza se entiende desde el gobierno como un asunto estrictamente monetario y la consecuencia de ese enfoque es la conversión del pobre en mendigo (jamás ciudadano).
Pensar que la pobreza acaba con dinero es igual que asegurar que los lugares degradados desaparecen a punta de concreto. Eso fue lo que nos dijo el gobierno Martinelli-Varela cuando prometió el paraíso a Curundú y eso es lo que ahora nos promete el gobierno Varela respecto a Colón. La inversión en infraestructura, en la dignificación de los espacios de convivencia es muy importante, pero absolutamente insuficiente. Para lo otro, para lo necesario, hay que trabajar en unas políticas públicas que vayan limando la deuda estructural que Panamá tiene con Colón y que se refiere más a oportunidades y justicia que a TMC y viviendas. Ojalá alguien se dé cuenta y se empiece a recaudar para hacer fuerte a un Estado que, en lugar de repartir cheques de forma clientelar, ayude en la construcción de un nuevo modelo social basado en los sujetos de derecho y no en los pedigüeños de cheques “condicionados”.