La pobreza ya no puede entenderse únicamente como una cuestión de ingresos. Hoy, millones de personas enfrentan una combinación de privaciones que van desde la falta de acceso a servicios básicos hasta la exposición constante a riesgos climáticos, como inundaciones, sequías u olas de calor. Esta superposición de vulnerabilidades no solo profundiza las desigualdades existentes, sino que también desafía la manera en que diseñamos nuestras políticas públicas.
En Panamá, esta realidad se manifiesta con claridad. Las comunidades más afectadas por la pobreza —en particular las poblaciones indígenas y rurales— son también las más expuestas a los efectos del cambio climático. La falta de acceso a agua potable, servicios de salud, educación de calidad o energía limpia se ve agravada por fenómenos climáticos extremos que amenazan los medios de vida, la seguridad alimentaria y el bienestar.
El caso de la isla Gardi Sugdub, en la comarca Guna Yala, es un ejemplo claro de dichos desafíos: el aumento del nivel del mar ha obligado a muchos de sus habitantes a trasladarse a tierra firme, dejando atrás su modo de vida basado en la pesca o el turismo. Este desplazamiento ha alterado estructuras familiares y puesto en riesgo su identidad cultural, evidenciando la necesidad de políticas integradas que protejan el patrimonio, fomenten la participación y garanticen transiciones justas.
Frente a esta complejidad, la respuesta no puede ser fragmentada. Se necesitan enfoques integrales que reconozcan que la pobreza es multidimensional y que su erradicación está intrínsecamente ligada a la acción climática. No se trata de elegir entre proteger el planeta o mejorar las condiciones de vida de las personas: ambos objetivos deben avanzar de la mano.
Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), hemos acompañado a Panamá en la construcción de herramientas que permiten entender mejor estas realidades. El país ha publicado varias versiones del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que evalúa las privaciones que enfrentan las personas en diversas dimensiones del bienestar —como salud, educación, trabajo, vivienda y servicios básicos— más allá de la pobreza monetaria.
Este análisis es fundamental para que Panamá oriente sus políticas públicas basadas en evidencia y fortalezca el uso de estos índices como instrumentos de gestión que permitan identificar las combinaciones más efectivas de políticas para reducir las privaciones. En este sentido, también estamos apoyando al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en el desarrollo de un IPM específico para pueblos indígenas, reconociendo que las altas tasas de pobreza en estas comunidades requieren respuestas diferenciadas, culturalmente pertinentes y urgentes.
A nivel global, el nuevo informe del Índice de Pobreza Multidimensional 2025, que será lanzado este 17 de octubre, aporta evidencia valiosa sobre la intersección entre la pobreza y los riesgos climáticos. Casi el 80% de quienes viven en privación múltiple habitan en zonas afectadas por al menos una de esas amenazas climáticas, y muchos sufren dos o más a la vez. Esta realidad desafía la noción de que existe un conflicto entre el desarrollo humano y la acción climática. Por el contrario, muestra que la lucha contra la pobreza y la protección del planeta son causas comunes que deben abordarse de forma integrada.
Este 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, es una oportunidad para renovar nuestro compromiso con una visión de desarrollo que no deje a nadie atrás. Una visión que reconozca que la dignidad humana solo es posible cuando garantizamos condiciones de vida dignas y resilientes para todas las personas, en armonía con el entorno que compartimos.
La autora es Representante Residente del PNUD en Panamá.
