Es evidente que hay democracias occidentales que están viviendo la polarización en distintos ámbitos de la conversación política. La polarización deviene de posiciones que pudieran interpretarse como opuestas o, en ocasiones, irreconciliables; quienes se identifican con una postura no suelen ceder, pues las motivaciones, si bien bastante razonadas en su mayoría, están muy arraigadas al sentimiento, motor o factor que –y comparto mucho esto– determina la mayoría de las decisiones humanas, por más complejas que estas aparenten ser.
Al margen de la histórica polarización entre izquierdas y derechas en materia económica, que es, a mi juicio, más negociable y admite, por razones más prácticas que dogmáticas, matices que eventualmente llevan a adoptar características de una u otra, la polarización cultural es la que más discusiones está generando últimamente, y es la que más difícil resulta conciliar. Curiosamente, en ocasiones las instituciones democráticas han sido precisamente el motivo de la exacerbación de los conflictos que surgen, bien sea porque se percibe que los representantes de turno toman partido por lo que popularmente “vende más”, por la falta de tolerancia de quienes no aceptan la decisión que esos representantes han considerado como la más justa o beneficiosa para todos, o porque no se acepte que una importante mayoría piensa distinto.
... si bien están llamados a cumplir sus deberes constitucionales y legales en beneficio de todos los que habitamos Panamá, han de considerar siempre las ideas y proyectos por los que la voluntad popular se inclinó, pues de los mismos deviene su legitimidad ...
Se ha dicho que ciertos temas no deben estar a merced de lo que decidan las mayorías; sin embargo, para quienes ocupan posiciones de poder en las instituciones democráticas, es de suma relevancia conocer y entender lo que piensan esas mayorías, pues estas, de una u otra forma, les han dado la legitimidad para tomar las decisiones que atañen al orden, el bienestar y la paz social. En principio, de la voluntad popular deriva la Constitución Política, la cual, por ejemplo, establece el mecanismo para la escogencia de los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia, tribunal que en nuestro país tiene la última palabra en materia de interpretación constitucional. Los diputados y los responsables del Ejecutivo, por su parte, son escogidos mediante votación popular directa, a fin de representar al pueblo y cumplir con los propósitos fijados tanto en la Constitución como en la ley, entre ellos, el nombramiento y ratificación de los magistrados de nuestra máxima corporación de justicia.
Si bien puede alguien considerar inverosímil que los derechos de quienes habitamos este país estén en las manos de “unos cuantos” hombres y mujeres (de los tres Poderes del Estado), la realidad es que, además de estar condicionados al imperio de la ley, estos son los representantes del pueblo que directa o indirectamente han sido escogidos por una mayoría que se sintió o demandó ser identificada con sus proyectos de país, incluyendo aquellos sobre temas que inciden en la individualidad y que surten efectos en la sociedad. En consecuencia, si bien estos representantes están llamados a cumplir sus deberes constitucionales y legales en beneficio de todos los que habitamos Panamá, han de considerar siempre las ideas y proyectos por los que la voluntad popular se inclinó, pues de los mismos deviene su legitimidad para tomar las decisiones inherentes a su responsabilidad.
El autor es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas.
