En las últimas décadas, el mundo ha experimentado uno de los avances más extraordinarios en la historia de la salud pública: la drástica reducción de muertes infantiles gracias a las vacunas. Esta realidad, tan cotidiana que muchos la dan por sentada, es el resultado de más de medio siglo de investigación rigurosa, ensayos clínicos aleatorizados con miles de participantes y sistemas de vigilancia y regulaciones estrictas. Gracias a ello, hoy la mayoría de los niños crece sin experimentar enfermedades que solían matar o dejar secuelas permanentes.
Sin embargo, este logro monumental está siendo socavado desde adentro. En Estados Unidos, históricamente un referente global en salud pública, la vacunación infantil enfrenta una tormenta política sin precedentes. El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) votó a favor de abandonar la vacunación universal contra la hepatitis B para recién nacidos.
El impacto de esta medida no es solo un asunto local. Las decisiones que se tomen en ese país impactan directamente a naciones como Panamá. Durante años, nuestro sistema de salud ha utilizado como referencia lineamientos de agencias como los CDC o la FDA, instituciones que históricamente han sostenido estándares de excelencia. Pero cuando las decisiones empiezan a responder más a ideologías o intereses políticos que a la evidencia científica, nos corresponde alzar la voz y rechazarlas. Así lo hizo, con responsabilidad y rigor, la Sociedad Panameña de Pediatría en su comunicado del 6 de diciembre.
La vacuna contra la hepatitis B ha sido estudiada durante más de 40 años. Sabemos que administrarla al nacer previene miles de infecciones que pueden conducir a cirrosis o cáncer hepático. Sabemos que retrasarla aumenta el riesgo de transmisión en el hogar, especialmente en contextos donde no existe la infraestructura para garantizar que todas las embarazadas sean examinadas durante la gestación. Sabemos que más del 90% de las infecciones en bebés se vuelven crónicas y los acompañan toda la vida.
La evidencia científica no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el clima político y la confianza pública, debilitada por la normalización de discursos anticientíficos y por la velocidad con la que la desinformación circula en redes sociales. Estos movimientos generan confusión, disminuyen la cobertura, aumentan el riesgo de brotes y amenazan el bienestar de los más vulnerables.
Panamá ha sido históricamente un país vacunador. Nuestro Programa Ampliado de Inmunizaciones es un modelo regional. Aunque persistan desafíos derivados de desigualdades en el acceso a servicios de salud, nuestros índices de mortalidad infantil han caído a niveles que no habrían sido posibles sin la vacunación. Pero vivimos en un mundo interconectado, y las tendencias antivacunas circulan en redes sociales y en conversaciones cotidianas de personajes sin formación biomédica ni ética, que siembran dudas entre familias que buscan orientación. El impacto de la desinformación puede ser desastroso: cuando disminuye la vacunación, aumentan los brotes. Ya lo vimos con el sarampión en Estados Unidos, México y Canadá, y también en siete países de Latinoamérica —incluida Costa Rica— donde los brotes recientes se han vinculado directamente a coberturas insuficientes.
La vacunación es el cimiento del envejecimiento saludable. Buena parte del mérito del aumento espectacular de la esperanza de vida en el último siglo proviene del hecho de que los niños dejaron de morir. Ya no enfrentamos enfermedades infecciosas que antes diezmaban poblaciones. Llegamos a la adultez, y luego a la vejez, porque las vacunas nos dieron una oportunidad de vivir.
Desmantelar sistemas de vacunación infantil es desmantelar el progreso humano. En Panamá debemos mirar hacia fuentes fiables de guía científica. Los CDC y la FDA han sido faros de evidencia durante décadas. Pero cuando sus decisiones empiezan a desligarse del consenso científico internacional, nos corresponde evaluar críticamente sus lineamientos. No debemos importar la duda ni permitir que la política de otro país ponga en riesgo la salud en Panamá.
No existe intervención en la historia de la medicina moderna con un respaldo científico tan abrumador como el de las vacunas. Nos toca defender la vacunación con la misma solidez de esa evidencia, enfrentar y corregir la desinformación y exigir que las decisiones que afectan la salud pública se fundamenten en ciencia.
La autora es directora ejecutiva de CEVAXIN e integrante de la Fundación Ciencia en Panamá.
