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Política exterior panameña

Valoro en positivo el comportamiento de José Raúl Mulino como presidente, en el campo internacional y diplomático, tanto en el tema de Venezuela como en la crisis de los migrantes. Pero el avance debe ser integral. Hay objetivos en los que pareciera que nos hemos estancado, por no estar en la agenda ni haber prioridades y eso lo entiendo. El gobierno que gana en buena lid manda, decide y escoge. Pero eso no quita que podamos evocar como ciudadanos, situaciones que no deberíamos olvidar, para fortalecer una política exterior aceptada, permanente y reconocida.

Uno de esos asuntos es la necesidad de ratificar el tratado de extradición con Italia, sobre todo ahora, cuando estamos buscando apoyo a nivel bilateral de estos países que, desde la Unión Europea (UE) nos mantienen en listas discriminatorias. Si bien es cierto que la responsabilidad principal estaría en la Asamblea Nacional (AN), la Cancillería debe recordarle el tema y presionar dentro de la armónica colaboración que establece la Constitución. Panamá ha quedado ante Italia en su relación bilateral, como un hazmerreír, cuando habiendo solicitado la extradición de un sujeto convicto penalmente en varias instancias y en distintos procesos (y cuya madre acaba de ser condenada en casos similares), resulta que Italia nos responde que no puede acceder a lo pedido, porque nosotros como Estado requirente no ratificamos el tratado de extradición. Pareciera que este asunto no está en agenda, ni siquiera en una AN renovada y con ganas y energía de hacer las cosas diferente.

También debería cuestionarse la permisividad del Estado nicaragüense, a través de su legación en Panamá, al permitir que el asilado intervenga de manera constante en la vida pública y política del Estado receptor, lo cual constituye una violación de los convenios de asilo suscritos entre ambas partes. Asimismo, se debe abordar el hecho de que el asilado resida en un inmueble adquirido por Nicaragua sin el consentimiento del Estado panameño. Flagrantes violaciones de parte de Nicaragua, a las convenciones internacionales sobre relaciones consulares. Por otro lado, encomiando el atinado comunicado del gobierno de Mulino en contra de la decisión del Parlacen de incluir a Rusia como miembro observador, resulta que varios diputados panameños del partido de gobierno, llámese Realizando Metas (RM), auparon esa decisión de inclusión. Pero hacerlo desde el mismo momento que el presidente se encontraba en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), apoyando a Ucrania como país invadido por Rusia; invasión esta que viola el derecho internacional y los derechos humanos. Esta ambivalencia en nuestro mensaje supranacional, puede debilitarnos en el ámbito de las relaciones exteriores; sobre todo, ante una orden de arresto existente contra Vladimir Putin, de parte de la Corte Penal Internacional.

No dudo que el presidente Mulino está actuando firmemente en defensa de Panamá por su injusta inclusión en las listas discriminatorias de la UE. A pesar de ello, esta retiró el 8 de octubre a Antigua y Barbuda de su lista negra de paraísos fiscales, pero mantiene a Panamá al considerarnos como país no cooperador en materia fiscal. Y esa decisión fue tomada por “los 27 países” que forman parte de la UE, según cables internacionales. Esto contraviene las palabras del canciller panameño, cuando ha señalado que países como España, miembro de la UE, están apoyando a Panamá para salir de las listas. De hecho, el mismo día que Panamá es mantenido en la lista discriminatoria de la UE, el canciller se encontraba en España, entre otras cosas, solicitando apoyo de sus parlamentarios para la exclusión de Panamá de dichas listas. Celebro, por consiguiente, la decisión de Mulino de solicitarle al canciller, reunirse con el cuerpo diplomático en Panamá de los países de la UE para expresarles su desavenencia, aunque desconozco que hasta ahora eso haya sucedido. Igualmente, aplaudo la visita que realizó José Raúl Mulino al presidente de Francia.

Finalmente, ante la suspensión de relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática, Panamá comunicó que busca una solución pacífica, justa, duradera y aceptable para las partes involucradas en la cuestión del Sahara Occidental, incluida la libre determinación de su pueblo. Conflicto este que involucra a Marruecos y a la República Árabe Saharaui Democrática. Si vamos a suspender relaciones hasta que el conflicto se resuelva, lo lógico sería hacerlo con ambos Estados. Por lo tanto, deduzco un comunicado panameño poco preciso y confuso, frente a lo que es en realidad una decisión política de apoyar a Marruecos en este conflicto. No me parece coherente ni estable solidarizarnos con la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental, pero al mismo tiempo suspender nuestras relaciones diplomáticas. O al menos, con el Estado que representa a los denominados territorios liberados. Principalmente cuando la soberanía marroquí, sobre la mayor parte del Sahara Occidental, no es reconocida por la ONU.

El autor es abogado


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