La reciente suspensión de los diputados Walkiria Chandler y Betserai Richards de la bancada Vamos ha generado opiniones divididas en la esfera pública. En un comunicado emitido el 24 de marzo, esta coalición informó que ambos parlamentarios quedarían apartados de las reuniones oficiales del grupo tras un escándalo que incluyó gritos y, según se ha dicho, incluso la entrega de ropa interior. Un episodio más propio de un espectáculo bochornoso que de la actividad parlamentaria, que expone un problema aún más preocupante: el desconocimiento de los límites legales y políticos de una figura que no está formalmente reconocida como actor institucional.
Vamos no es un partido político ni una entidad con personería jurídica. Se trata de una coalición de candidatos de libre postulación que decidieron unirse en torno a ciertos principios comunes para impulsar candidaturas independientes. Fundada en 2022, la Coalición Vamos surgió con el objetivo de promover nuevos liderazgos, pero, en términos legales, no es más que una alianza informal. No cuenta con estatutos inscritos en el Tribunal Electoral ni con la estructura jurídica y organizativa de un partido político legalmente constituido.
En consecuencia, Vamos no tiene facultades para imponer sanciones con efectos jurídicos sobre sus integrantes. La suspensión anunciada es una medida meramente simbólica, sin impacto en la investidura ni en las funciones de los diputados mencionados. Ninguna agrupación informal puede limitar o condicionar el ejercicio del cargo de un diputado electo por votación popular.
La única entidad con competencia para suspender o destituir a un diputado de la Asamblea Nacional es la Corte Suprema de Justicia, según lo establece el artículo 155 de la Constitución Política de Panamá. Los diputados solo pueden ser investigados o sancionados mediante un proceso legal debidamente constituido. Cualquier otra acción, por más ética o bien intencionada que sea, carece de validez jurídica.
La bancada Vamos puede, por supuesto, expresar su desaprobación, excluir a miembros de reuniones internas o prohibirles usar el nombre de la coalición en sus intervenciones. Incluso puede activar su propio comité de ética, como ha anunciado. Pero lo que no puede hacer es confundir al país pretendiendo tener la autoridad para suspender a un diputado de su cargo. Chandler y Richards, guste o no, siguen siendo diputados con pleno derecho a participar en las sesiones del Pleno, votar leyes y presentar propuestas.
Este caso evidencia un riesgo creciente en la política panameña: el de otorgar funciones institucionales a estructuras informales. Las coaliciones de independientes juegan un papel importante en el fortalecimiento democrático, pero deben reconocer sus límites. No se puede construir una alternativa a los partidos tradicionales cayendo en las mismas prácticas autoritarias o simbólicas vacías de contenido legal.
La ciudadanía merece respeto, y este se expresa en el apego a la legalidad. La credibilidad de los independientes se sostiene en su capacidad de actuar con ética, pero también dentro del marco institucional que la Constitución y las leyes establecen. La democracia panameña no se defiende con escándalos ni con comunicados moralistas, sino con el respeto a las formas y al fondo del derecho público.
Además, recordemos que Vamos no tiene bandera en el Parlamento, como los partidos legalmente reconocidos. Su presencia no está formalizada ni institucionalizada. Actúan como un grupo de afinidad política, pero no representan una bancada en el sentido estricto. Por ello, su autoridad sobre los diputados que la integran es política, no legal.
El autor es escritor y máster en administración industrial.
