Entre el ruido ensordecedor de la política del patio que inunda al país, el 30 de junio se conmemora el “Día Internacional del Parlamentarismo”. Establecido por las Naciones Unidas en 2018, es la fecha de fundación de la Unión Interparlamentaria (IPU, por sus siglas en inglés) en 1889, una organización global de parlamentos donde Panamá es miembro.
La misión del IPU es facilitar la diplomacia parlamentaria y empoderar a los parlamentos nacionales para que promuevan la paz, la democracia y el desarrollo sostenible alrededor del mundo.
El último informe de la IPU abordó la importancia de la participación pública en el trabajo de los parlamentos para alcanzar sus objetivos. Al respecto, la comunidad científica tiene una doble responsabilidad: contribuir como ciudadanos con iniciativas propias, y como generadores de conocimiento y evidencias científicas que puedan informar el ejercicio legislativo de los diputados y de las propuestas de participación ciudadana.
En otras latitudes, los parlamentos tienen oficinas de ciencia y tecnología que ofrecen servicios a los parlamentarios como emitir recomendaciones objetivas sobre anteproyectos de ley, y coordinar estudios e informes técnicos prospectivos desde instituciones académicas y centros de investigación externos.
Aunque la Asamblea Nacional de Panamá todavía no tiene entre sus prioridades utilizar la evidencia científica local, un caso de éxito fue la aprobación de las leyes 1 de 2018 y 187 de 2020 que promueven la reducción de los plásticos de un solo uso. Tales leyes incluyeron componentes técnicos y científicos aportados localmente, y posicionan a Panamá como país-modelo en políticas públicas que atiendan la crisis de contaminación por plásticos.
La covid-19, por su parte, nos dejó lecciones sobre los vacíos técnicos en la política pública de dispositivos médicos. La ley 90 de 2017 fue diseñada principalmente para la importación de tecnología médica, por lo que descarta el desarrollo de la industria local. Como resultado, debieron emitirse decretos ejecutivos cortoplacistas para permitir a la comunidad científica suplir de manera temporal medios de transporte viral al sistema de salud pública.
Solo con participación ciudadana y con una verdadera presión de la opinión pública para que se incremente año con año el presupuesto destinado a ciencias podremos generar políticas públicas integrales informadas en evidencia y comenzar a escapar del ciclo vicioso del “pan para hoy, hambre para mañana”.
El autor es bio-ingeniero investigador de Indicasat-AIP, miembro distinguido del SNI-Senacyt e integrante de Ciencia en Panamá
