La sentencia que declaró inconstitucional el contrato minero con First Quantum deja al descubierto los privilegios y excesos que se pretendían otorgar a una empresa extranjera, a costa de los intereses de la nación. Bajo el disfraz de incentivos fiscales, el documento escondía verdaderas concesiones que atentaban contra el patrimonio de los panameños.
El contrato permitía a la minera deducir como pérdida económica el agotamiento mismo del yacimiento, reduciendo hasta en 70% sus obligaciones fiscales hasta 2031. En la práctica, entre más extraían, menos pagaban. Mientras tanto, la República apenas recibía un 5% del cobre contenido, y el oro, la plata y el molibdeno se los llevaban prácticamente gratis.
A ello se sumaba la posibilidad de duplicar el tiempo de concesión, extendiéndolo hasta 70 años, y el otorgamiento de miles de hectáreas adicionales. La operación crecía sin límites claros, en un área sensible como el Corredor Biológico Mesoamericano y el Área Protegida de Donoso. En lugar de salvaguardar nuestros compromisos ambientales, se los sacrificaba en nombre de un contrato lesivo.
Después de leer estas cláusulas, surgen preguntas inevitables: ¿quiénes redactaron este contrato?, ¿por qué las leyes panameñas no castigan con rigor a quienes facilitan semejantes atropellos?, ¿qué nombres de abogados y gobernantes quedaron detrás de esta negociación? La opacidad es la mejor aliada de la corrupción, y mientras no sepamos con claridad quiénes participaron, el reclamo ciudadano seguirá siendo legítimo.
Entiendo que a los inversionistas extranjeros poco les importe un país que no los vio nacer. Pero lo imperdonable es que hayan existido gobernantes que miraron hacia otro lado, que aprobaron o permitieron este atropello. Son ellos quienes traicionaron la confianza de un pueblo que esperaba protección de sus autoridades, no complicidad con los intereses privados.
La lección es clara: la soberanía no se negocia. Los bienes nacionales no pueden ponerse al servicio de intereses foráneos a costa del futuro ambiental y social del país. Recordar este episodio no es un ejercicio de nostalgia, sino un acto de responsabilidad. Si no aprendemos de este contrato inconstitucional, estaremos condenados a repetir la historia de saqueo, ahora con otros nombres y otros disfraces.
El autor es ingeniero químico metalúrgico.
