Esta es una pregunta que muchos se han hecho, y al igual que yo, seguramente no han encontrado respuesta. Es una de esas grandes incógnitas que vivimos en Panamá y que se convierten en parte de los tantos misterios sin resolver. No es ningún secreto que la justicia sigue en deuda con el país. Parece que vivimos en dos mundos paralelos, donde existen dos tipos de justicia: la que se aplica al ciudadano común, rápida y expedita, y la que corresponde a los políticos corruptos, usurpadores que abundan en nuestro país. Todos los conocemos: corruptos, maleantes y sinvergüenzas, esperando un desenlace que nunca llega, un castigo que nunca recibirán, mientras la impunidad siempre termina ganando.
La pasividad y la casi nula efectividad de la justicia para llegar a cientos de funcionarios y políticos acusados de diversos delitos es preocupante y frustrante. La percepción de los panameños sobre este tema sigue en aumento, y no es para menos. A casi tres meses de que José Raúl Mulino asumiera la presidencia, no hemos visto a ningún funcionario del gobierno anterior respondiendo por los escándalos de peculado y corrupción que casi nos reventaron los oídos. Es un secreto a voces. ¿Ventiladores? ¿Les suena?
Aunque ya hay personas condenadas, como el exrepresentante de Calidonia o el exalcalde de Arraiján, ambos del PRD y sin rumbo conocido, ninguno ha cumplido su sentencia. Parece que el bloque de búsqueda no actúa con celeridad en estos casos, lo que perpetúa la impunidad y la burla a la ley.
Aunque no voté por él, tenía la esperanza de que al asumir la presidencia, el señor Mulino tomaría las riendas para corregir algunos de los grandes problemas que enfrenta el país. Ese cuento de que el peor castigo para estos políticos o funcionarios corruptos es el escarnio público no es suficiente. ¡Eso solo les hace cosquillas a esos descarados! Los millones desaparecidos de las juntas comunales en muchos corregimientos, y la desaparición de información contable por parte de representantes para ocultar sus chanchullos, deben ser investigados. No estamos hablando de centavos, sino de cientos de miles de dólares. Aunque ya sabemos qué juntas comunales son, qué alcaldías están acusadas y quiénes son los funcionarios que deben responder por esto, seguimos esperando verlos desfilar en Avesa.
Es evidente que en el gobierno pasado los escándalos estaban a la orden del día. ¡Aquí el que no corría, volaba! Nadie quería quedarse sin su pedazo del pastel. Todos los días, un nuevo escándalo nos sacudía, y ya casi ni sorprende. Al final, si nadie sabe el paradero de 600 vigas de acero o el golazo que nos metieron con la compra de perforadoras, un escándalo más, un escándalo menos no hará la diferencia. Ya ni el hipo nos quita.
Todos estamos a la expectativa de cuál será el escándalo de mañana. Pero ver a algún funcionario rindiendo cuentas por estos abusos solo lo veremos en sueños. Después de todo, no es el hijo de la cocinera el responsable de esto.
Y ni hablar de los diputados y la bendita “prueba idónea”. De hecho, uno ya se salvó recientemente con esa artimaña judicial que obstaculiza la justicia y crea un escudo de impunidad para esta casta privilegiada de “intocables”, a los que nunca les pasa nada. Caen parados, compren tierras a centavos o no, porque saben que el corto brazo de la ley nunca los alcanzará. Y lo peor es que tienen razón.
El pueblo quiere justicia para todos por igual, no solo para algunos. Mientras eso no ocurra, no existirá la justicia social que tanto anhelamos. Basta ya de impunidad, de burlas, de desidia y apatía en la justicia. Señor Presidente, ya es hora de demostrarle al mundo que los políticos corruptos y coimeros sí van a ir presos en Panamá.
El autor es licenciado en publicidad.
