Panamá crece. Pero ese crecimiento no llega a la vida de muchos panameños. Las cifras lo confirman: en 2025 el país registró un crecimiento del PIB de 4.4%, mientras el Índice Mensual de Actividad Económica reflejó una variación interanual de 4.07% en enero de 2026. Sin embargo, esa imagen contrasta con otra realidad: desempleo total de 10.4%, desempleo abierto de 6.9% y una informalidad que alcanza al 47.1% de la población ocupada no agrícola. El país avanza en los indicadores, pero ese progreso no se traduce en la vida de muchos ciudadanos.
Ahí surge la contradicción. El problema no es únicamente cuánto crece Panamá, sino por qué ese crecimiento no logra convertirse en bienestar tangible. La economía no se vive en informes, sino en el precio de los alimentos, el costo del transporte, el pago de servicios, los gastos médicos y la incertidumbre permanente ante cualquier imprevisto.
Tener empleo tampoco garantiza estabilidad. Para demasiados panameños, trabajar apenas permite sostener lo básico. Cuando el ingreso es frágil y el costo de la vida sigue aumentando, el crecimiento deja de percibirse como una oportunidad y empieza a sentirse como una promesa lejana.
Esa distancia se vuelve más evidente en los servicios públicos. En salud, la demanda aumenta al ritmo de la población, pero la capacidad de respuesta no siempre acompaña. La Caja de Seguro Social refleja ese desgaste. Y hay algo esencial que no puede olvidarse: en Panamá el Seguro Social se paga y se cotiza durante años. No es un favor. Es un derecho. Sin embargo, persisten demoras, trámites agotadores y una sensación de abandono que debilita la confianza ciudadana.
Y ese deterioro ya no puede describirse solo en términos administrativos. Lo que hoy transmite el sistema es la imagen de un organismo con la presión alta, en tensión constante y peligrosamente cerca del colapso. No podemos esperar al infarto institucional para reaccionar.
Además, se suma el costo de los medicamentos. No basta con que existan; deben ser accesibles. Cuando un tratamiento depende del bolsillo, la desigualdad deja de ser una cifra y se convierte en un riesgo real para la vida.
Otro impacto directo recae en el precio de la energía eléctrica. Más allá de las tarifas oficiales, la percepción es clara: la factura pesa cada vez más y la defensa del usuario, que debe ejercer la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) en su función de regulación y supervisión, no se siente con la firmeza necesaria. No se trata solo de recibir denuncias, sino de garantizar respuestas efectivas y visibles.
El acceso al agua refleja otra deuda profunda en la vida cotidiana. No es un servicio cualquiera, es una necesidad básica. Cuando falta, no solo se interrumpe la rutina: se afecta la salud, la higiene y la dignidad. Y cuando la situación se repite sin solución definitiva, lo que se deteriora no es solo la paciencia, sino la confianza.
La educación tampoco escapa a esta realidad. Aunque existen planes y discursos de modernización, persisten fallas en lo esencial. El programa del vaso de leche lo evidencia. A semanas de iniciado el año escolar, aún presenta enredos. Se trata de aproximadamente 247,000 estudiantes en cerca de 879 escuelas, con una contratación que ronda los 16 millones de dólares. ¿Cómo es posible que un programa tan básico enfrente retrasos y dudas? Y, más aún, si se exige producción nacional, ¿por qué se cuestiona la participación del productor panameño?
También se suma el transporte, el tiempo perdido en tranques, la atención deficiente en instituciones y la dificultad para realizar trámites. Todo ello conforma un desgaste diario que no aparece en las estadísticas, pero sí en la vida cotidiana.
El impacto no es igual para todos. Golpea con mayor fuerza a quienes tienen menos ingresos, menos acceso y menos margen para resistir. Para ellos, cada falla del sistema pesa más.
El problema de fondo no es solo económico. Es institucional. Es de ejecución. Es de confianza. Cuando la población deja de creer en que las cosas pueden mejorar, el crecimiento pierde sentido.
Panamá no puede seguir llamando progreso a un desarrollo que no llega a la gente. Un país no se mide solo por lo que produce, sino por la dignidad con la que viven sus ciudadanos.
Porque la factura no perdona. La educación no aterriza en la realidad de muchos, la salud es impostergable, el hambre no espera, el agua se necesita y casi nunca se pone en el centro a quienes no tienen casi nada de lo aquí señalado y todavía deben seguir esperando.
La autora es educadora.
