Panamá fue uno de los primeros países del mundo en reconocer al Estado de Israel mediante la Resolución No. 1856 del 18 de junio de 1948, emitida por el gobierno de don Enrique A. Jiménez.
Al mismo tiempo, y de forma igualmente importante, nuestro país facilitó la creación de la fuerza aérea israelí con 13 aviones traídos de Estados Unidos a Panamá, registrados a nombre de Panamá Airlines (Lapsa) y llevados a Israel en junio de 1948, justo a tiempo para ser utilizados en la primera guerra árabe-israelí (15 de mayo de 1948 al 20 de julio de 1949).
Además, Panamá fue miembro de la Comisión Palestina de las Naciones Unidas (ONU) que validó la Resolución No. 181 (II) del 29 de noviembre de 1947, la cual proponía la partición del Mandato Británico de Palestina (1920-1948) en un Estado árabe (con el 45% del territorio) y otro judío (con el 55% restante), con Jerusalén bajo administración internacional. Esta resolución condujo finalmente a la Declaración de Independencia de Israel el 14 de mayo de 1948.
Dicha resolución ponía fin al Mandato Británico sobre Palestina, estableciendo los límites y fronteras de los dos nuevos Estados independientes, así como una unión económica, libertad de tránsito entre ambos y su futura admisión en la ONU.
Desafortunadamente, pese a esta resolución, nunca se llegó a crear el Estado de Palestina propuesto por la ONU, debido al rechazo árabe de la Resolución No. 181 (II), lo que dio inicio a la mencionada primera guerra árabe-israelí.
Por ello, Palestina —designada en árabe como Dawlat Filastin— es hoy un “cuasi Estado”, una entidad política que comprende las regiones de Cisjordania y la Franja de Gaza, y que al 22 de septiembre de 2025 ha sido reconocida por 155 Estados miembros de la ONU (alrededor del 80%). El pueblo palestino, sin embargo, tiene una larga historia que se remonta al siglo XII a.C. (Edad de Bronce), siendo mencionado en la Biblia y otros textos antiguos como “filisteos”.
Lo importante en este recuento histórico es que el Estado de Palestina tiene su fundamento jurídico en la Resolución No. 181 (II) de 1947, es decir, desde hace 78 años, y comprende 6,520 km² en la Franja de Gaza y Cisjordania, territorios que Israel ocupa desde el 10 de junio de 1967.
Desde entonces, Israel ha creado y mantenido leyes, políticas y prácticas que, según numerosos organismos internacionales, oprimen deliberadamente a la población palestina, garantizando su dominio al separarla en diferentes dominios territoriales, jurídicos y administrativos, con el fin de silenciar cualquier disidencia y segregarla en enclaves restringidos, muy al estilo del antiguo apartheid sudafricano.
En julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia declaró que estas prácticas contra la población palestina violan el derecho internacional al confinarla en enclaves restrictivos, y reafirmó que la ocupación israelí de territorios palestinos es ilegal.
Estas violaciones, señalan organismos internacionales, imponen un sistema que fragmenta estas tierras en dominios de control, conllevan desposesión obligatoria de tierras y propiedades, establecen un régimen de segregación y dominación, e instauran una privación de derechos económicos y sociales sobre los palestinos.
A pesar de la dominación total israelí de estos territorios, y con el apoyo incondicional de los Estados Unidos, el gobierno de Israel suele argumentar su vulnerabilidad para justificar más medidas que perjudican la vida cotidiana de la población palestina.
Con todo y eso, esta región sigue siendo una triste prisionera de su geografía e historia. Por eso Panamá debe reconocer con igualdad a todos sus protagonistas. Ya lo hizo con Israel; ahora le corresponde hacerlo con Palestina.
El autor es exdiplomático.
