La justicia tributaria debería ser un concepto simple: que cada ciudadano pague lo que le corresponde, ni más ni menos, y que el Estado tenga la misma responsabilidad al cobrar que al devolver. Ese equilibrio es la base de cualquier sistema fiscal sano. Sin embargo, en Panamá ese principio se rompe silenciosamente todos los años, especialmente en perjuicio de los asalariados.
Miles de trabajadores pagan impuestos en exceso y, aun así, la mayoría nunca los recupera. No porque no tengan derecho, sino porque el sistema está diseñado de tal forma que renunciar al dinero propio termina siendo la opción más fácil.
El asalariado y la lógica de ‘mejor no me meto’
Para el asalariado promedio, el impuesto sobre la renta es un proceso automático. Se descuenta mes a mes, aparece y desaparece de la conversación. El mensaje implícito ha sido claro durante décadas: “si ya te retuvieron, no hay nada más que hacer”.
‘Eso no es cierto’
La ley permite deducir gastos médicos, intereses hipotecarios, educación, donaciones y aportes a fondos de jubilación privada. En muchos casos, estas deducciones generan un saldo a favor del contribuyente. Pero el sistema deposita toda la carga del proceso en la persona: formularios extensos, lenguaje técnico, pasos poco claros y tiempos de espera prolongados.
El resultado es predecible: una cultura de resignación. Muchos asalariados prefieren perder su dinero antes que enfrentarse al trámite.
¿Existe justicia tributaria hoy?
Desde el punto de vista legal, el mecanismo sí existe. La Dirección General de Ingresos tiene reglas, plazos y procedimientos. El problema no es normativo; es operativo y estructural.
Hoy, la justicia tributaria no se materializa plenamente porque:
Recuperar dinero propio exige conocimientos técnicos que la mayoría no tiene.
El proceso consume tiempo que muchos asalariados no pueden dedicar.
La información ya existente no fluye entre instituciones del Estado.
La fricción administrativa penaliza más a quien vive de su salario que a quien puede pagar asesoría.
En la práctica, esto convierte la devolución de impuestos en una transferencia silenciosa desde los asalariados hacia el Estado: no por ley, sino por desgaste.
Qué debería cambiar si aspiramos a un sistema moderno
La solución no pasa únicamente por “educar mejor” al contribuyente. También requiere rediseñar el sistema para que funcione con la información que ya existe.
1. Digitalizar de verdad el proceso
Panamá ya cuenta con la factura electrónica. Entonces, ¿por qué el trámite aún obliga a imprimir lo mismo? Además, existen empresas que permiten almacenar, organizar y clasificar gastos deducibles de forma digital, e incluso realizar el trámite completo por el contribuyente. La tecnología no es el problema; la falta de integración sí.
Una digitalización real permitiría que la auditoría ocurra dentro del mismo proceso, reduciendo tiempos, reprocesos y errores. Menos fricción beneficia tanto al ciudadano como a la administración tributaria.
2. Mejorar la comunicación interinstitucional
Es difícil justificar que una entidad no tenga acceso a información que otra ya posee. Que la DGI no cuente con los mismos datos que un municipio, o que una escritura registrada en la ANATI esté desactualizada sin que el contribuyente lo sepa hasta estar “en medio del trámite”, no es una falla del ciudadano: es una falla del Estado.
La interoperabilidad entre instituciones no es un lujo moderno; es una condición básica de eficiencia.
3. Normalizar la devolución como parte del ciclo fiscal
En otros países, este proceso no es excepcional. En Estados Unidos, por ejemplo, el “tax return” es un paso esencial del año fiscal; en muchos casos es casi automático y, cuando no lo es, existen plataformas y expertos que ayudan a navegar el proceso con claridad.
La devolución no se percibe como un favor ni como una anomalía, sino como una reconciliación natural entre lo pagado y lo debido.
Más allá del dinero
Hablar de devolución de impuestos no es solo hablar de montos. Es hablar de confianza institucional, educación financiera y empoderamiento ciudadano. Recuperar dinero propio —o al menos entender con claridad por qué no corresponde— tiene un impacto real en la tranquilidad de las personas.
Mirando hacia adelante
Hoy existen razones para pensar que ese rediseño es posible. Con un ministro de Economía y Finanzas como Felipe Chapman, reconocido por décadas como uno de los economistas más sólidos del sector no gubernamental, es razonable esperar una visión más técnica y seria de la justicia tributaria: rigurosa en el cobro, pero igualmente responsable en las devoluciones.
Y si a eso se suma una administración municipal liderada por Mayer Mizrachi, alcalde de la capital, conocido por su trayectoria como emprendedor y su dominio del mundo digital, la idea de una digitalización integral y funcional deja de ser aspiracional. Pasa a ser una cuestión de ejecución.
La tecnología existe. El talento existe. La información ya está en manos del Estado. Una integración real entre sistemas, instituciones y procesos podría lograrse en plazos mucho más cortos de lo que suele asumirse, especialmente en beneficio de los asalariados, quienes hoy cargan con una proporción desproporcionada del peso fiscal del país.
“Tal vez el verdadero reto no sea convencer a más personas de hacer el trámite, sino diseñar un sistema donde renunciar a un derecho deje de ser la opción más fácil”.
El autor es empresario.
