Hay preguntas que, por más que pase el tiempo, siguen sin tener una respuesta convincente. Una de ellas es por qué, en países como Panamá, un político puede ganar considerablemente más que un profesor. Esta realidad no solo resulta difícil de justificar desde el punto de vista ético, sino que también envía un mensaje preocupante sobre las verdaderas prioridades de la sociedad.
La educación debería ser el pilar fundamental de cualquier nación que aspire al desarrollo sostenible. Los profesores no solo transmiten conocimientos; forman ciudadanos, construyen valores y preparan a las futuras generaciones para enfrentar los desafíos del mundo moderno. Sin embargo, su remuneración muchas veces no refleja la importancia de su labor. En contraste, los salarios en la esfera política suelen estar desconectados del impacto real que generan en la vida cotidiana de los ciudadanos.
A esta contradicción se suma otra oportunidad desaprovechada: el mantenimiento de las escuelas públicas. En lugar de implementar un sistema estructurado de reparaciones anuales que garantice condiciones dignas para estudiantes y docentes, se recurre con frecuencia a soluciones improvisadas o tardías. Esto no solo afecta la calidad del entorno educativo, sino que también incrementa los costos a largo plazo.
Existe una alternativa clara y viable: promover que las empresas participen activamente en la reparación y mantenimiento de las escuelas cada año. Este modelo no solo mejoraría la infraestructura educativa de manera constante, sino que también dinamizaría la economía local. Las micro, pequeñas y medianas empresas —especialmente en áreas como construcción, pintura y reparaciones especializadas— podrían beneficiarse directamente, generando empleo y elevando la calidad de los trabajos realizados.
Además, este enfoque podría resultar más efectivo que ciertos esquemas actuales de incentivos fiscales dirigidos principalmente a grandes contribuyentes. En lugar de concentrar beneficios, se distribuirían oportunidades, fomentando un desarrollo más inclusivo y sostenible.
La discusión de fondo no es únicamente económica, sino moral. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Una que prioriza cargos políticos sobre la educación o una que invierte en quienes verdaderamente moldean el futuro del país? Replantear estas prioridades no es solo necesario, es urgente.
El autor es abogado.
