La naturaleza humana nos lleva a evitar o posponer las decisiones difíciles, aquellas que demandan coraje para enfrentar sacrificios y los costos que implican, especialmente si sus causas nos son ajenas o si no nos benefician directamente. Hoy nos encontramos ante una de estas encrucijadas, casi imposible de evitar, donde no podemos posponer más la gravísima situación de la Caja de Seguro Social (CSS). Ya no es posible “barrer bajo la alfombra”, y solo personas valientes y desprendidas asumirán la ingrata tarea con el sacrificio personal que exige.
No soy economista ni actuario, pero aprendí bien las matemáticas básicas. Durante 26 años fui asalariado y por 33 años dueño de empresa; coticé en la CSS por 40 años y calculo que, según mis diferentes salarios, aporté aproximadamente B/.132,600 en cuotas. A los 62 años obtuve mi jubilación de B/.1,500 mensuales, que representaba menos del 60% de mi último salario. Ahora, con 81 años de vida, he cobrado dicha jubilación por 19 años, es decir, B/.342,000. Debo añadir que nunca utilicé los servicios médicos, hospitalarios ni medicamentos de la CSS, lo que podría sumar otros $50,000 en beneficios personales.
Mi punto es sencillo: ya he recibido tres veces mis aportes a la CSS, y como exdirector de tres aseguradoras locales y una extranjera, puedo certificar que no es posible mantener estos servicios ni los planes de jubilación a menos que se revisen, como han propuesto tantos actuarios y financistas, los parámetros. Además, se debe reducir el gasto en planillas, administración y medicamentos.
Ya se escuchan voces de quienes no desean cambios, objetando el diálogo y presentando propuestas para que otros o el Estado (que somos nosotros) asuman los aumentos en los costos de hospitalización y el creciente déficit del programa IVM. Esas personas saben bien que el nuevo gobierno está quebrado, con una deuda que pagamos con más deuda, que el país está perdiendo su grado de inversión (lo que significa menos empleos) y que los fondos del Canal apenas alcanzan para las necesarias inversiones y servicios públicos que demanda la población.
Proponen despojar a la nueva generación de cotizantes, más de 500,000 asalariados, de sus ahorros en el fondo individual, que durante 20 años han aportado más de B/.6,000 millones para sus pensiones. Se llenan de orgullo hablando de una “Jubilación digna”, pero a costa de usar los ahorros ajenos, o de una “Vida digna” dependiendo del subsidio estatal, o de una “Salud digna” a cambio de esperar seis meses para una cita médica. Puede parecer atractivo que el Estado cubra todas las necesidades de la población, pero deberían aclarar que quienes aportamos al Estado somos todos, y que la única forma de enfrentar estas enormes necesidades sería incrementando impuestos, dejando de pagar la deuda y eliminando becas e inversión pública, lo que afectaría la educación y aumentaría el desempleo.
En términos financieros, seríamos un “Estado fallido”, similar a varios países vecinos, cuyos millones de habitantes arriesgan sus vidas, familias, trabajos y supuesta “Salud Digna” para huir de estos crueles sistemas y sus ideologías económicas obsoletas.
La historia de la humanidad nos enseña que la única solidaridad real ocurre cuando todos los ciudadanos aportamos dentro de nuestras posibilidades a un fin común. En nuestro caso, nos solidarizamos primero por nuestra independencia, luego por nuestra soberanía, después por nuestra libertad y democracia. Hoy, nuestra lucha es por una “Salud y jubilación digna” para todos. Estoy seguro de que lo lograremos nuevamente.
El autor es exministro de Comercio e Industrias y exembajador de Panamá en Washington
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