El presidente Laurentino Cortizo Cohen debe retirar de la Asamblea Nacional el proyecto de contrato ley entre la República de Panamá y la empresa minera. Y lo aconsejable es hacerlo ya, porque cada día que pasa es una oportunidad para que grupos e individuos con ambiciones particulares, sean del orden económico o político, pesquen grande en este río ya no revuelto, sino borrascoso. Las razones abundan y se han planteado alto y claro, pero en tanto el proyecto siga en la 5 de mayo, algunos sentiremos la necesidad de insistir sobre ellas, o en mi caso, sobre algunas de ellas:
El contrato cedería a una empresa potestades y responsabilidades propias del Estado; y no podemos dar por hecho que estas prerrogativas serán utilizadas por ésta tomando en cuenta los mejores intereses del país. Además, algunas de sus cláusulas están redactadas de manera que dan la impresión de poner a ciertas instituciones públicas al servicio de la empresa.
El contrato no ofrece garantías -ni en fianzas ni en mecanismos de fiscalización- que se correspondan con la magnitud de los daños presentes y futuros que irremediablemente causará la explotación. Estas garantías son sumamente importantes, pues la que se formalizará es una relación entre una empresa financieramente poderosa y un país administrado por gobiernos débiles, eternamente hambrientos de dólares, representados por funcionarios a menudo carentes de capacidad técnica ó de principios o de respaldo de sus superiores. O todo a la vez.
En materia económica, los beneficios que brinda el contrato no son proporcionales a la envergadura de la explotación, tanto si se comparan con los que dejan operaciones similares en otros países como si se toma en cuenta que, dentro de la gran concesión, hay otras concesiones metálicas y no metálicas (arena, piedra) actual y potencialmente importantes. En cuanto a la seguridad jurídica, vela por la empresa, pero ¿qué hay de esos pobladores cuyas tierras pueden ser expropiadas?
El contrato daría un impulso a la minería a cielo abierto (eso pusieron por escrito estos osados negociadores y firmantes), a pesar de ser esta una industria justificadamente cuestionada sobre la que el país no ha llegado a un consenso.
Dicho todo lo anterior, es un hecho que Minera Panamá (ó First Quantum) ha invertido una suma billonaria en nuestro país (aquí cabe recordar que ya se ha resarcido de una parte sustancial); que hay miles de panameños que, legítimamente, ganan su sustento de esta empresa; y que, tristemente, la apabullante devastación causada por la explotación es ya una realidad irreversible. Partiendo de aquí, lo que queda es sentarse nuevamente a negociar, pero no con una mentalidad cortoplacista aplaudida por bolsillos gordos de mina (ganancias billonarias han dado para endulzar a muchos). Ni enfocada en poner curitas a los síntomas -desempleo, gasto desmedido, postergación de inversiones urgentes- de un pésimo manejo de la economía y del país en general.
Tan trascendental acuerdo requiere ser pensado y negociado con inteligencia, celo, patriotismo y lealtad, no solo hacia ésta, sino hacia las próximas generaciones de panameños.
La autora es escritora
