Históricamente, la clase política panameña se ha caracterizado por ser muy pragmática a la hora de tomar decisiones, como también al momento de dotar al país de leyes. Tanto la independencia de España como la separación de Colombia no conllevaron acciones violentas, es decir que Panamá, en el propio origen de su fundación como Estado soberano, estuvo siempre inspirado en la negociación funcional.
En junio de 1904, la Convención Nacional de Panamáadoptó, mediante ley, el dólar como la moneda de curso legal, lo que facilitó las relaciones comerciales con Estados Unidos y con el resto del mundo. En 1927 Panamá se dotó de una ley sobre sociedades anónimas inspirada en una legislación del estado de Delaware; esta iniciativa permitió la atracción de capitales extranjeros dadas las facilidades que ofrecía para los inversionistas y los dueños de corporaciones y fortunas privadas. En 1948, por decreto del presidente Enrique A. Jiménez, se creó la Zona Libre de Colón, que se convirtió luego en la zona franca mas importante de la región.
En 1970 fue un decreto de gabinete el que reformó el régimen bancario, dando origen al centro bancario internacional. En el tema del Canal y la, en ocasiones, tortuosa relación con Estados Unidos, siempre ha prevalecido el pragmatismo, lo que coadyuvó a la recuperación de la soberanía en el enclave canalero tras la firma de los tratados Torrijos-Carter de 1977, mediante el uso de la diplomacia que, a la postre, nos granjeó el apoyo de la comunidad internacional. Recuperado el Canal se consensuó un título constitucional que le resguarda de los vaivenes políticos del país.
Los anteriores son algunos ejemplos emblemáticos de la capacidad de negociación y visión de futuro de la clase política panameña, sin embargo, en los últimos tiempos pareciera que esas virtudes han desaparecido, dando lugar al relajamiento y la decadencia de nuestros políticos a la hora de legislar. Los más recientes anteproyectos y proyectos de ley caricaturizan la capacidad de los proponentes y deterioran nuestra imagen de país abierto y cosmopolita.
El mundo cambió y algunos de los modelos de negocio que en su momento y por décadas fueron exitosos hoy día deben ser reformulados, las nuevas tecnologías abren oportunidades que Panamá puede y debe aprovechar, sin embargo, no surgen propuestas en esa línea sino más bien proyectos populistas, retrógrados e inoportunos que nos restan la competitividad que aún tenemos y dejan en entredicho la capacidad pragmática de la que antes se presumía.
Los proyectos de ley regulatorios en un país ya de por sí burocráticos son un atentado contra la seguridad jurídica y el buen clima económico y social al que hemos estado habituados. Es sorprendente ver que mientras el Ejecutivo promueve la inversión externa diputados, incluso del oficialismo, se empecinan en promover leyes anticuadas.
En diferentes periodos se ha aumentado el número de comisiones de trabajo, pero la Asamblea Nacional debería crear una comisión de desburocratización del Estado y otra que promueva la actualización de la legislación panameña, ahí deberían estar enfocados los funcionarios que fueron electos para legislar.
Al término de su gestión los diputados podrán ser recordados como visionarios que legislaron para engrandecer Panamá, dotándola de leyes trascendentales, o serán tildados de enanos demagogos que se quedaron anclados y anclaron el país a un pasado obsoleto.