Tratar de entender los entresijos de por qué en Panamá los medicamentos son muchísimo por ciento más caros que en otros países, tanto de Latinoamérica como de Europa o Asia, es una labor titánica. Por más esfuerzo que se haga por contactar a los actores que participan en la definición de los precios, constantemente nos estrellamos contra paredes invisibles, que impiden sacar una clara conclusión sobre el asunto.
Como consecuencia de esta “neblina financiera”, todo el mundo tiende a sacar sus propias conclusiones sin la totalidad de los elementos en la fórmula. Resultado: la necesidad natural de encontrar culpables que puedan ser “castigados” de alguna forma, tiende a echarle la culpa a quien tenemos más cerca.
Dejo claro que, en un país tan pequeño como Panamá, es fácil que uno conozca gente a todos los niveles de la cadena de comercialización, lo cual puede verse como un conflicto de interés para opinar. Igualmente, si uno ha sido conferencista, consultor o investigador de algún estudio diseñado y financiado por la industria farmacéutica, es lógico que se cuestionen las opiniones emitidas. Por eso, es requisito imprescindible que, cada vez que se vaya a opinar sobre un tema, los potenciales conflictos de interés sean declarados por anticipado de modo que, quienes escuchan, tengan eso en cuenta al interpretar o analizar lo que se dice. En mi caso particular, he estado en todas esas posiciones mencionadas. Tengo amigos en el negocio de medicamentos y he trabajado de la mano de la industria como consultor, investigador y conferencista. Dicho eso, trataré de emitir una opinión neutral, acorde con lo que he investigado al respecto en relación a la forma como se establecen los precios de las medicinas. Particularmente en las farmacias privadas, pues el asunto de las medicinas en las instituciones de salud del Estado (Minsa y CSS) ya lo he discutido varias veces durante los últimos meses y tiene otras aristas muy diferentes.
Como cada farmacia tiene un precio diferente, el asunto es un enredo. Además, los jubilados obtendrán el 20% de descuento que les corresponde por ley, adicional al 30%. Lo que nadie ha definido es quién va a absorber ese descuento. De seguro el fabricante no va a ser.
Todo medicamento tiene un agente farmacológico (la sustancia que ejerce el efecto que se busca) y, por lo general, tiene un nombre comercial, que es como se le conoce habitualmente. Los medicamentos tienen una protección de patente de 20 años, que comienza a contar desde el momento de la solicitud de dicha patente. Eso permite que el laboratorio fabricante sea, “en teoría”, el único autorizado para comercializar el producto y así pueda recuperar su inversión. Por poner un ejemplo, la sustancia rosuvastatina (desarrollada por el laboratorio japonés Shionogi) y que se utiliza para tratar el colesterol elevado, se comercializó originalmente con el nombre Crestor, cuando fue sacada al mercado por el laboratorio AstraZeneca, que obtuvo la licencia de Shionogi e hizo los estudios iniciales de efectividad terapéutica. Una vez vencida la patente (en 2015 aproximadamente), se pudieron fabricar y comercializar genéricos. Así, hoy tenemos distintas marcas de rosuvastatina. Xuniro, Toreza, Rovartal, Cresadex, Rux, Rustatina, Rosustar, Regutol, Rosugras, etc., son todas rosuvastatinas. Según la norma, los genéricos deben contar con un certificado de intercambiabilidad, que se basa en la equivalencia química entre el producto original y el genérico correspondiente. Cada una de las marcas tiene que tramitar un registro específico para cada una de las presentaciones que vayan a comercializar.
Visto de forma simple, la cadena de comercialización de un medicamento parece bastante sencilla. Un laboratorio fabrica el producto, lo vende a un distribuidor, quien a su vez lo vende a la farmacia (que muchas veces es de los distribuidores), que es la encargada de hacer la venta final al usuario/paciente. Así, cuando uno trata de averiguar cómo se incrementa el precio, las posibilidades serían: el precio de venta del fabricante, el margen de ganancia del distribuidor o el margen de ganancia de la farmacia. Pero, ahí está la dificultad para detectar el origen del incremento. Los distribuidores han estado bastante abiertos a conversar del tema, aunque siempre hay datos que no son accesibles, pues fabricantes y distribuidores firman acuerdos de confidencialidad y no se pueden hacer públicos esos datos. Así, las especulaciones están a la orden del día.
Entre las cosas que he escuchado es que existe una serie de intermediarios offshore, que incrementan precios en el camino, de modo que, cuando el distribuidor local compra, ya viene inflado. Y entonces se suman los márgenes locales. De ser esto cierto, la gran pregunta es quiénes serían los dueños de esos intermediarios offshore.
Y así, surgen soluciones apuradas que a mi no me acaban de quedar claras. La última es la reducción del 30% del precio de los medicamentos de una lista de 170 productos definidos por el gobierno. En teoría, no suena mal, pero hay detalles que no cuadran. Como cada farmacia tiene un precio diferente, el asunto es un enredo. Además, los jubilados obtendrán el 20% de descuento que les corresponde por ley, adicional al 30%. Lo que nadie ha definido es quién va a absorber ese descuento. De seguro el fabricante no va a ser (un mercado tan pequeño como Panamá no va a lograr que las farmacéuticas ajusten precios por una disposición local), así que queda que lo absorba el distribuidor o la farmacia o que el gobierno subsidie la diferencia.
Otra opción que han adoptado algunos países ha sido liberalizar la importación y que cualquiera que consiga medicamentos fuera del país a un precio más favorable, lo importe y compita por el mercado. En teoría suena bien, pero tiene el problema que pudiera favorecer que se introdujeran medicinas falsificadas. Y una medicina no es un reloj o una cartera; es una sustancia que la gente se va a tomar y que puede tener serios efectos sobre la salud. Recordemos el drama del dietilenglicol.
Y así, seguimos recorriendo el laberinto…
El autor es médico cardiólogo.
