Se ha hecho común ver cómo, gobernantes de países latinoamericanos terminan encausados criminalmente por la justicia de Estados Unidos, más que por la de sus propios países. Perú ha sido la excepción ya que su sistema judicial, como consecuencia del caso Odebretch, ha detenido a varios expresidentes, uno de ellos, Alan García, quien ocupó el cargo dos ocasiones, antes de ser apresado por las fuerzas policiales, optó por suicidarse.
El caso más reciente es el del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) a quien, a requerimiento de la justicia peruana, el gobierno estadounidense autorizó su extradición después de una larga batalla legal de sus abogados.
Vaticino quién será el próximo llevado al banquillo de los acusados por su directa participación con el narcotráfico: Felipe Calderón Hinojosa, gobernante de México del 2006 al 2012.
La lista se engrosará. Recientemente se incluyó al actual vicepresidente de Paraguay Hugo Velásquez, colocando en la Lista Clinton al expresidente Horacio Cartes (2013-2018), previamente receptor de las sanciones que lo vinculan a la corrupción en gran escala. En esa misma categoría incluyeron en enero pasado al expresidente Ricardo Martinelli. Este y otro expresidente, Juan Carlos Varela, están encausados por las coimas de Odebretch en Panamá.
En Ecuador, Abdalá Bucaram, quien gobernó Ecuador por seis meses, ya había sido incluido en esa lista delincuencial. En Honduras, igualmente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), quien tiene un hijo preso en Estados Unidos por narcotráfico, y Juan Orlando Hernández (2014-2022), un mes después de terminar su mandato, fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, uniéndose a su hermano Tony condenado a cadena perpetua por la misma causa.
El caso de Felipe Calderón se ha caldeado por todo lo que ha salido en el recién finalizado juicio en Nueva York, sobre su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, condenado por un jurado en los cinco delitos presentados por la fiscalía, cuya sentencia se conocerá el próximo junio, por el mismo juez federal que juzgó al Chapo Guzmán. Se especula que igualmente recibirá cadena perpetua.
A través de algunos narcos mexicanos extraditados a Estados Unidos que, para lograr sentencias reducidas o que los conviertan en testigos protegidos, se armó el caso contra García Luna, que sin duda alguna salpica directamente a su protector y encubridor, el presidente Calderón.
Las historias de ambos personajes se entrelazan en infinidad de testimonios y libros como “García Luna, El Señor de la Muerte”, del periodista Francisco Cruz (2021-Planeta) y “El Licenciado. García Luna, Calderón y el Narco” del periodista J. Jesús Lemus (2020-Harper Collins), quien estuvo preso injustamente por sus ataques a Calderón y a García Luna, pudiendo compartir en la cárcel con uno de los principales testigos de la fiscalía de Nueva York, el expolicía Sergio Villarreal, alias el Grande.
Según él, habría sido quien entregó varios maletines directamente a Calderón en el Palacio Presidencial de Los Pinos, que contenían los $20 millones prometidos una vez resultó electo para dejar trabajar libremente a los principales narcos del país. Los millones nunca se interrumpieron.
Según esos autores, corroborados por otros testigos, a Calderón miembros de su gabinete le advirtieron lo peligroso que sería nombrar a García Luna en ese cargo tan sensitivo. Igual alerta le hicieron colegas presidentes del continente en reuniones multilaterales ante la mala fama lograda por García Luna en los estamentos de seguridad e inteligencia donde trabajó en gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo y con Vicente Fox del Partido Acción Nacional (PAN), el mismo de Calderón. Desoyendo los consejos, Calderón prefirió las millonarias mesadas de los narcos.
Desde la detención de García Luna, Calderón, quien vive actualmente en España, dice desconocer los cargos por los que se le acusa a su poderoso secretario de Seguridad. Lo improbable de ese desconocimiento es que las autoridades norteamericanas den algún valor a esa excusa.
La lección de este caso es que pareciera que, con excepción del Perú con Odebretch y Argentina con el encausamiento por corrupción a la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, los sistemas judiciales de nuestros países están incapacitados para llevar al banquillo de los acusados a exmandatarios y menos a quienes estén ejerciendo esos cargos.
Tremendo impulso le daríamos a la justicia si quienes lleguen a gobernar en 2024 puedan hacerlo sin tener que deberle nada, como históricamente ha ocurrido en México hasta 2018, al crimen organizado. Es hora de que la justicia panameña empiece a lucir sus mejores togas.
El autor es abogado y analista político
