Presupuesto: el campo minado

El proyecto de presupuesto 2025, equilibrado en $26,084 millones, terminó en poco más de $30,111 millones en una doble jornada porque se modificó dos veces. La contención de $4 mil millones, frente a la necesidad de un presupuesto “conservador”, desapareció. O mejor dicho, esta se reduce a solamente $580 millones; con el mérito, para no decir consuelo, de tratarse de un presupuesto “materialmente inferior” al de 2024, según el ministro de Economía y Finanzas (MEF).

Con el “alivio” también, de no aplicar el de 2024 de haber sido rechazado por los diputados, al tratarse el nuevo de un presupuesto “manejable”. En esto podría estar de acuerdo, porque cualquier presupuesto puede ser mejor que los de Héctor Alexander en el quinquenio pasado, así como cualquiera sería mejor presidente que Laurentino Cortizo. Por lo tanto, Felipe Chapman manifestó que “continuamos con nuestro propósito de tener un presupuesto conservador, prudente y responsable, que consideramos se puede lograr en el próximo año 2025″, a pesar de que aceptó no tener la certeza de que se pueda ejecutar en su totalidad.

Ahora bien, solo el día anterior el ministro del MEF había dicho, en una conferencia de prensa, que los ajustes al presupuesto “representarían cerca de 1,000 millones más …”. Y aunque terminaron aumentando $2 mil millones sobre esa cifra, Chapman aclaró que lo que trató de decir era que el presupuesto subiría más de mil millones.

Al ministro del MEF lo desajustaron las leyes especiales y los aumentos automáticos. Elaboró en primera instancia y no dudo que, de buena fe (aunque presentándose tardíamente en detrimento de la Constitución), un presupuesto que, por desconocimiento, incumplió una serie de normativas que se desbordan en los fueros y privilegios que están haciendo desaparecer al Estado nacional. Una especie de campo minado, que hace imposible la elaboración de un presupuesto cónsono con la realidad económica del país; frente a normas jurídicas insostenibles en el tiempo y que nos llevarán al despeñadero financiero. No creo que el tema de los “errores humanos” o “goles” en cifras que ni el ministro Chapman ni el Consejo de Gabinete aprobaron, sin especificar cuáles son los rubros o las cantidades involucradas, tenga mayor relevancia. Los errores son humanos, pero este asunto va mucho más allá.

Después de resolver la trama de la Caja de Seguro Social, habrá llegado el momento de eliminar las leyes especiales y los aumentos automáticos, aunque sea paulatinamente. Este asunto no puede esperar, porque la maniobra o manejabilidad a la que se refiere Chapman, pronto quedará supeditada a la insostenibilidad de gastos que suben como la espuma. La cual nos está desintegrando en este círculo vicioso que perjudicó el ideal de Chapman del 15% de contención, para pasar a un insignificante 4% gracias a las “leyes especiales”.

El momento para desmantelar el campo minado llegó. A lo largo del 2025 y antes de la presentación del próximo presupuesto, toca al Ejecutivo presentar las iniciativas legislativas y así, modificar las leyes para que se apliquen en base a los ingresos y no en función del PIB y con objetivos definidos. Es necesario eliminar normas desconectadas de la realidad, que, como expresó Chapman, crean una “inflexibilidad descomunal al presupuesto”. No basta con decirlo; hay que hacerlo. El problema surge cuando Chapman añade que no hay condiciones, porque la mayoría quiere más gastos del Estado, más beneficios y pagar menos impuestos o no pagarlos del todo y agrega que no hay respaldo para contener el gasto público.

Y que las malas decisiones vienen de la Asamblea “por medio de las presiones de los ciudadanos que exigen más gastos y pagar menos impuestos”. Me voy más allá, porque la contención debe incluir dietas, viáticos, porcentajes de ganancias para cónsules de la marina mercante, asesorías excesivas, sueldos de funcionarios que superan al de ministros y del presidente, viajes incontrolables, subsidios, auxilios, exoneraciones, incentivos y exenciones. Rubros que no necesariamente están ligados a una ley especial o que, en lugar de gastos, implican la privación de ingresos al Estado a través de esta economía de amiguetes.

La labor de un estadista no es imponer, es instruir; no es someterse, es empinarse; no es resignarse, es guiar. Y si alguien no instruye, no se empina y no guía al ciudadano, el mantenimiento del campo minado será el soporte del endeudamiento permanente, el despilfarro imparable, el clientelismo camuflado y la contención inviable.

El autor es abogado