Panamá, el país de los atributos, el milagro económico y las altas expectativas. Un crecimiento económico de 15.3% en 2021 y una expectativa de 7.8% para 2022. Una economía dolarizada, estabilidad democrática a nivel electoral, la tasa del PIB más alta en la región, incentivos a la inversión y 14 acuerdos de libre comercio. La segunda zona libre de comercio más grande del mundo, un Canal interoceánico y puertos en los dos océanos más amplios del mundo. A nivel de aviación, es el hub de las Américas y mantiene en la calificación de su deuda grado de inversión. Aparte de haber ejercido un exitoso programa de vacunación contra la covid-19. Pero, a pesar de todo lo anterior, el país está sumergido en un caos social, económico y político, debido principalmente a la corrupción, un débil sistema de justicia, al igual que el estado de derecho y la institucionalidad, sometidos al clientelismo y el derroche de fondos públicos. Y una amplia desigualdad, provocada principalmente por el lastre que representa la pobreza extrema que adorna particularmente a las comarcas. Con un desempleo que ronda el 9%, pero un 23% en la realidad cuando sumamos a quienes todavía reciben vale digital porque no tienen trabajo.
Panamá tuvo un desbalance en 2020 entre ingresos y egresos de 9.1%. Ese año fuimos casi que la peor economía del mundo, con un decrecimiento de -17.9%, gracias al cierre excesivo y forzado del país decretado por el gobierno con la pandemia como excusa. En 2021, el desbalance del PIB entre ingresos y egresos fue de 6.3%. Obviamente que ambos porcentajes negativos fueron autorizados con antelación en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, de manera conveniente, cuando se tenía encima la debacle para no violar la norma jurídica. Y como a este gobierno no le interesa contener, menos ahorrar, en 2022 elevó el presupuesto general del Estado a más de 25 mil millones de dólares, con la esperanza de que el descalabro o déficit no superaría el 4% que establece la ley, pero se equivocó. De enero a junio, el déficit fiscal estaba en 4.4% del PIB, cuando ni siquiera se habían iniciado los cierres y tranques provocados por las manifestaciones. Si bien los ingresos tributarios superan los del 2021 en el primer semestre, no alcanzan los ingresos presupuestados ni tampoco igualan los logrados en 2019. Esto significa no solo que la expectativa del gobierno ha sido demasiado optimista, sino que sigue gastando mucho más de lo que recibe, diferencia que está compensando con deuda pública de manera irresponsable. Y por los hechos acaecidos desde el mes de julio, el panorama pinta para peor, lo que seguramente obligará al Ejecutivo a solicitar, otra vez y a la carrera, un cambio en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, para nuevamente aumentar el déficit y ceñirse convenientemente al porcentaje que dispongan, cuando no quede más que hacer.
¿Qué está sucediendo? Que el ministro del MEF presenta presupuestos con alto grado de gasto corriente (planilla, subsidios, transferencias) y de intereses, pero muy poco dedicado al gasto de capital (inversiones). En 2023 (presupuesto que supera los 27 mil millones de dólares), el pago de intereses superará los ingresos del Canal y lo peor es que el endeudamiento no se registra para gastos de inversión, sino para aquellos costos que engordan el Estado y que no tienen ningún tipo de retribución. El ingreso no alcanza para cubrir los gastos y éstos no van orientados a las inversiones, sino al mantenimiento del Estado y al financiamiento de la deuda pública. El gasto de capital se ha estancado frente al crecimiento del gasto operativo y pago de intereses. Tanto así que los gastos de inversión en 2021 fueron menores que en 2013. Aun incluyendo hoy incorrectamente mil millones de dólares de Panamá Solidario como gasto de capital, cuando se trata de un subsidio. Las inversiones han disminuido frente a los gastos corrientes y de intereses de deuda estatal, tanto proporcionalmente como en términos absolutos. La deuda no se está incrementando frente a inversiones que generarían retornos, sino en el mantenimiento del Estado. Solamente en intereses estamos pagando anualmente el equivalente a lo que costó la línea 2 del Metro. La deuda panameña está dirigida a engordar al Estado, en lugar de generar empleo y mejorar la calidad de vida del panameño, porque además no hay políticas que originen actividad económica.
En conclusión, en lugar de reducir el déficit, los ingresos del Estado están siendo utilizados para sufragar el cada vez más elevado gasto corriente (que no dejó de crecer ni en la pandemia), mientras los gastos de capital que aumentarían la competitividad del país para crear mayor cantidad de empleos, siguen disminuyendo.
El autor es abogado.
