Primera fase: mesa única y cambio de modelo

El importante crecimiento económico de Panamá que lleva años, el más alto de la región, incluso superior a Chile por momentos, no ha sido garantía para eliminar ese 20% de pobreza y 10% de pobreza extrema, según la Cepal. Tampoco la ha detenido un vale digital entregado este mes a 288,760 personas que no encuentran trabajo, en adición a la existencia de un 9.9% de desempleo y 677,875 empleos informales al mes de abril de 2022. Una razón puede ser que ese crecimiento ha sido promovido y ejercido por la acumulación de ganancias en macro proyectos como la minera y la ACP, y no necesariamente en los ámbitos donde labora un mayor número de panameños (como el sector agrícola), siendo esta estadística de crecimiento la única que, por colocar a Panamá en una élite regional positiva, el gobierno explota falazmente, cuando sabe de antemano que la misma no confronta firmemente factores negativos como la informalidad, el desempleo y la pobreza, porque tampoco existe un plan debidamente establecido de reactivación económica. La pandemia jugó su horrendo papel, no tanto por ella misma sino por la forma irresponsable como el gobierno panameño decidió confrontarla, malogrando la economía y la educación. Fuimos el país con más días de encierro y menos días de clases en el mundo, prácticamente, y esa irresponsabilidad se reflejó en los movimientos y recientes enfrentamientos entre panameños. Esto fue aprovechado para que el sector ideológico popular y electoralmente más débil, al punto que en elecciones generales si acaso llega al 1% de los votos, haya llevado las riendas de un diálogo que no fue tal. Un diálogo desorganizado, mal enfocado, mal liderado o distribuido, convertido en un monólogo entre la intelectualidad de la izquierda que, con brillantez, silenció a una sumisa representatividad del gobierno. Un gobierno cuya única actuación “destacada” fue el rechazo del arroz con tuna originario, como alimento que el mismo gobierno enlistó en el control de precios y que paradójicamente repudió de manera arrogante. Entonces, lo que ha debido ser un diálogo entre panameños de todos los sectores para señalar los verdaderos problemas de hoy, como la corrupción, la mediocridad del gobernante, la burocracia excesiva, las planillas abultadas, el derroche de fondos públicos, el mal uso o desuso de los recursos del Estado o la inacción o desidia de altos funcionarios en el cumplimiento de sus deberes, fue reemplazado por un supuesto “cambio de modelo económico”. Este diálogo pretende crear un proyecto político “alternativo popular y antineoliberal”. Es decir, pretender en una mesa de diálogo imponer un proyecto ideológico que debería ser objeto de una elección general, pero que, al no contar con votos, aprovechan la coyuntura para tratar de incluir una aparente agenda marxista. No en balde se ha promovido demanda de inconstitucionalidad contra el decreto que establece un margen bruto máximo de comercialización para algunos productos importados (alimentos, aseo personal y limpieza) y una demanda de nulidad contra el decreto que ordena una rebaja de 30% en el precio de 170 medicamentos. Hay factores como la evasión fiscal, exoneraciones selectivas, incentivo de empresas o la existencia de oligopolios (economía de amiguetes) que perjudican una justa distribución de la riqueza. Pero esos factores deben ser ajustados por los propios gobiernos en el actuar institucional tomando las medidas requeridas, ejerciendo regulaciones efectivas e imponiendo las sanciones necesarias. La solución no está ni en el cambio de modelo, menos cuando se pretende imponer en una mesa de diálogo incompleta e ineficaz, ni tampoco con el derroche ilimitado de subsidios para salir del paso y que en el tiempo son insostenibles y terminarán generando una deuda de tal magnitud, que el país perderá su grado de inversión. Y al no poder obtener créditos, tendrá que subir los impuestos. Para generar inversión, sobre todo la extranjera directa en beneficio del empleo, la disminución de la informalidad y la erradicación de la pobreza, el país no puede seguir enviando mensajes equivocados, como son la fijación arbitraria de márgenes de ganancia a las empresas, la ampliación del control de precios, las demandas de inconstitucionalidad contra las empresas Sem, regulaciones ampliadas e ilimitadas a los instrumentos corporativos no operativos en Panamá y el exceso de ordenanzas para la apertura y mantenimiento de cuentas bancarias. Hay que cuidar y fortalecer la institucionalidad, el sistema de justicia, los entes reguladores (no controladores), la transparencia, los recursos del Estado y el ejercicio eficiente de la cosa pública. Pero nada de esto vimos ni escuchamos en aquella “primera fase”. El autor es abogado.

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