El debate sobre el desarrollo urbano en la ciudad de Panamá revela un problema más profundo que la simple cancelación de proyectos como el de la calle 50: la falta de prioridades claras en la gestión municipal.
En los últimos años, se ha vuelto recurrente la apuesta por iniciativas de gran escala, con inversiones millonarias y promesas de transformación del paisaje urbano. Sin embargo, mientras se anuncian estas obras, persisten problemas básicos que afectan directamente la vida cotidiana de los ciudadanos.
Uno de los ejemplos más evidentes es el estado de las aceras. En numerosos sectores de la ciudad, estas se encuentran deterioradas, incompletas o intransitables, obligando a los peatones a exponerse al tráfico vehicular. Esto impacta directamente la movilidad, la seguridad y la calidad de vida.
Lo llamativo es que no se trata de un vacío legal. El Acuerdo N.º 24 del 19 de enero de 2016 establece claramente que la construcción y adecuación de las aceras es responsabilidad de los propietarios de los lotes, quienes deben cumplir con las especificaciones técnicas definidas. Es decir, existe una norma vigente que, aplicada correctamente, podría resolver gran parte del problema sin necesidad de grandes inversiones públicas.
El problema, sin embargo, no se limita a las aceras. Tampoco se cumplen de forma consistente las normas urbanísticas en general y, cuando existen denuncias ciudadanas, el proceso para obtener respuestas o correcciones se convierte en una verdadera odisea. Entre trámites, demoras y falta de seguimiento, la efectividad institucional se diluye y las soluciones rara vez llegan en tiempo razonable.
Aquí surge una pregunta clave: ¿por qué se priorizan grandes proyectos urbanos de alto costo cuando no se garantiza el cumplimiento de obligaciones básicas ya establecidas por ley?
La respuesta apunta a un problema de enfoque en la gestión pública. Gobernar una ciudad no consiste únicamente en ejecutar grandes obras, sino también en fiscalizar, ordenar y hacer cumplir las leyes y normas existentes. La falta de supervisión y de sanciones efectivas termina trasladando al Estado costos que podrían evitarse y debilita la autoridad de la norma.
Este incumplimiento también tiene un impacto social directo. Cuando las reglas no se hacen valer, se genera una percepción de desigualdad: algunos ciudadanos cumplen con sus responsabilidades, mientras otros no enfrentan consecuencias. El resultado es una ciudad fragmentada, con espacios públicos inconsistentes y una infraestructura peatonal deficiente que depende más del azar que de la planificación.
Al mismo tiempo, el énfasis en proyectos de “embellecimiento” o intervenciones de gran escala puede desviar la atención de necesidades más urgentes. En distintos sectores de la ciudad, residentes señalan que la prioridad debería ser garantizar aceras funcionales y mejorar la movilidad en puntos críticos donde la congestión vehicular es constante.
En ese sentido, también se ha planteado la necesidad de evaluar soluciones viales más estructurales, como viaductos en corredores estratégicos, por ejemplo entre Vía Brasil y Vía España. Estas propuestas, aunque implican inversión, responden a problemas cotidianos que afectan a miles de personas y no únicamente a una lógica de impacto visual o político.
El debate de fondo no es estar a favor o en contra de las grandes obras. Se trata de establecer un orden lógico en la gestión urbana: primero asegurar el cumplimiento de lo básico; luego, avanzar hacia proyectos de mayor escala.
Una ciudad funcional no se construye únicamente con obras costosas, sino con la suma de normas claras, instituciones que las hagan cumplir y ciudadanos que asuman sus responsabilidades. Apostar por este enfoque no solo optimiza los recursos públicos, sino que también fortalece la confianza en la gestión municipal.
En definitiva, antes de pensar en transformar la ciudad con grandes proyectos, el verdadero desafío es más simple, pero decisivo: hacer que las reglas existentes se cumplan.
La autora es arquitecta.
