Los medios informan de un plan para modernizar el Idaan, para lo cual se gastarían $250 millones, con una asesoría a un costo de $29.3 millones, seguida de inversiones físicas por $220.7 millones. El propósito del programa es superar las fallas en el abastecimiento de agua a sectores importantes de la población, la pobre calidad del servicio, el mal estado de las instalaciones y la débil situación financiera. El director de la entidad señala que el “Idaan está todos los días en crisis”, agregando que “no hay otra solución” que la del plan anunciado. Sin embargo, el exdirector Abdiel Cano destaca que la empresa ha sido objeto de diversas consultorías en el pasado, sin que se hayan resuelto sus problemas, agregando que la raíz reside en la falta de autonomía.
No contar con autonomía significa que la compra de insumos necesarios para el tratamiento del agua cruda muchas veces no se hace a tiempo porque la gerencia del Idaan no dispone de medios para hacer la compra sin la aprobación de la Contraloría General de la República. Lo mismo ocurre con equipos como bombas que, a diferencia de una empresa autónoma, pública o privada, no cuenta con un inventario para mantener la producción cuando ocurren daños. El problema es que el Idaan tiene que competir con una multiplicidad de entidades por la atención de la Contraloría y por los escasos recursos financieros disponibles. Esta situación es consecuencia de que el Idaan tiene tarifas que no reflejan el costo del agua, recauda solo una porción muy baja de lo que factura y no puede disponer de los ingresos que genera porque estos van a la caja común del sector público. La opción de que el Gobierno la subsidie aún más de lo que ya lo hace, sería a costa de reducir el gasto en otras actividades dada la exigua recaudación que hace el Gobierno. En este país, la recaudación tributaria está en el entorno del 10% del PIB vs. la media centroamericana del 14% y los aportes de la ACP, que son significativos, pesan menos que los de otros países de la región con grandes recursos petroleros o mineros.
En lo que toca al personal, el director es nombrado por el presidente de la República, lo cual hace muy difícil o por lo menos extraña, su relación con la junta directiva, que se supone tiene una jerarquía administrativa superior. El personal técnico no tiene estabilidad, pues está sujeto a los cambios que se dan con cada nueva administración y el nivel de remuneración está por debajo del mercado dadas las limitaciones financieras de la entidad. El resultado es que no se cuenta con el equipo profesional necesario para una administración óptima.
Dos de las opciones para superar estas fallas son la privatización y la constitución de una empresa estatal con verdadera autonomía. La privatización generaría mucha oposición por el temor de que las tarifas aumenten a un nivel que resienta los bolsillos de los consumidores domésticos y empresariales del agua y no podemos visualizar un gobierno que la intente.
Una empresa estatal autónoma proveedora de agua que cumpla eficazmente sus funciones necesita cobrar lo que cuesta extraer, darle tratamiento, transportar y entregar el agua cuando uno abre el grifo. La tarifa debe cubrir los costos de capital, operación, mantenimiento, financiamiento y de generar reservas para expandir el servicio conforme aumente la demanda por parte de la población. La diferencia entre una empresa privada y una pública no autónoma es que la primera debe remunerar a sus accionistas pagando dividendos por el capital que aportaron y la estatal debe remunerar a los consumidores, en esencia sus “accionistas”, a través de la calidad y cobertura del servicio que brinda y, si hay excedentes, pagarle dividendos al Gobierno. Pero, aun así, existe la preocupación por el efecto que podrían tener tarifas que cubran los costos, como los definimos arriba, sobre los grupos de más bajos ingresos. Para ello se puede adoptar una escala tarifaria diferenciada en la que los residentes de las áreas de mayores ingresos y los consumidores comerciales paguen más por el uso del agua a fin de poder mantener tarifas bajas a los que residen en áreas de menores ingresos. Para contar con una empresa que provea en forma eficaz y eficiente de agua potable no es necesario privatizar el Idaan.
Un ente estatal bien estructurado bien puede cumplir esta misión. Para ello debe contar con una junta directiva independiente, con directores por períodos relativamente largos (mayores que un período presidencial) y escalonados para que tenga continuidad y no la controle ninguna administración.
Esta directiva debe tener, entre otras, la facultad de definir las políticas de la empresa, en especial la tarifaria, y nombrar y remover por justa causa al administrador. Es esencial que la entidad pueda manejar directamente sus recursos sin necesidad de la auditoría previa de la Contraloría, pero sujeta a mecanismos efectivos de control.
El autor es economista