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El problema es el cupo

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El problema es el cupo

El servicio de transporte terrestre de pasajeros está plagado de problemas múltiples que afectan tanto a los usuarios del servicio como a terceros. Las quejas de la ciudadanía van desde el no voy de los taxis amarillos hasta la falta de seguridad adecuada y la insuficiencia de operadores para determinadas rutas o en ciertas áreas.

Estos problemas son endémicos dentro de la ciudad de Panamá y algunos de dichos males afectan también a las personas que viajan regularmente en transporte público entre la capital y las ciudades de Arraiján y La Chorrera.

Todos estos problemas son en realidad síntomas. La causa de todos ellos está en la regulación del servicio de transporte terrestre de pasajeros. En particular, el sistema de cupos es la fuente de casi todos los problemas observados en el sistema, ya que es en esencia un sistema que garantiza los carteles y la falta de competencia genuina.

El cupo es un mecanismo por el que el Estado otorga a la autoridad competente la potestad enteramente discrecional de decidir qué cantidad de prestadores del servicio debe haber en un momento dado en el país y en cada región.

Imagine usted al Estado decidiendo cuántas tiendas de abarrotes pueden operar en la ciudad. La abundancia de estas tiendas de abarrotes en todo barrio urbano genera una enorme conveniencia para la ciudadanía. Pero esa comodidad sería impensable en un régimen en que el Estado, a través de un consejo de sabios, tuviese la potestad discrecional para decidir cuántas tiendas de abarrotes pueden operar.

Obviamente ese poder discrecional de los cupos acarrea inevitablemente un alto grado de corrupción, porque aquello de que quien parte y reparte... pero aparte de eso necesariamente garantiza escasez.

El cupo, aparte de foco de corrupción, violenta derechos fundamentales del ciudadano. Por un lado, infringe el derecho de toda persona a dedicarse a la actividad de servicio de transporte de pasajeros. Es una actividad lícita en la que no hay razón técnica para que esté limitada solo a personas con buenas conexiones políticas. Como cualquier otra actividad lícita, el transporte de pasajeros debería estar abierto a que cualquier persona que cumpla con determinados requisitos razonables y objetivos de seguridad, idoneidad y responsabilidad civil, pueda ofrecerlo.

Pero aparte de violentar el derecho de toda persona a ejercer la actividad económica que elija, el cupo violenta el derecho del ciudadano a elegir también los servicios que requiere. Al impedir el libre ejercicio de la actividad a las personas en general, el Estado efectivamente otorga un privilegio, creando así una casta especial -los favorecidos con los cupos- y priva también a los ciudadanos del derecho a elegir libremente en el mercado los servicios que requieren o desean adquirir.

Es por estas razones que surgen los mal llamados piratas en el transporte de pasajeros. Las condiciones precarias en que operan los clandestinos responde al observado fenómeno de que cuando la ley margina a determinados actores económicos, dicha marginalidad no puede sino forzar el que tales operadores operen en condiciones subóptimas.

Las razones son muchas, pero básicamente usted no invierte demasiado en brindar seguridad con vehículos adecuados, cuando el hacerlo lo hará a usted más conspicuo para la autoridad policial que busca cerrarle su negocio.

Mantener un bajo perfil es clave cuando se opera en clandestinidad, y esto, en el servicio de transporte de pasajeros, es lo que lleva a la precariedad de los vehículos, la carencia de pólizas de asiento, y otros problemas del transporte clandestino.

Dicho de otro modo, el culpable de la precariedad de los clandestinos no es que estos quieran operar así, sino que la ley los fuerza a ello.

Hay que eliminar el cupo y reemplazarlo con una legislación que permita que cualquier persona, cumpliendo con determinados requisitos razonables de seguridad, idoneidad y responsabilidad frente a usuarios y terceros, pueda ofrecer el servicio.

Mientras no lo entendamos, seguiremos estrellándonos.

 El autor es abogado

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