La proclama de la procuradora de la nación vía Youtube respecto a la pérdida de competencia, por parte de la Corte Suprema de Justicia, del caso Ricardo Martinelli, es un portento de falta de ética. Como hijo del magistrado Rodrigo Molina A., cuyo nombre ostenta la biblioteca del Órgano Judicial, crecí acostumbrado a una absoluta discreción de quien ejerce la más alta judicatura y un impecable comportamiento público, cónsono con su sagrada función.
Las redes sociales no tienen cabida en estos delicados quehaceres, algo que olímpicamente ha invertido nuestra flamante procuradora, que en lugar de lograr condenas de casos de superlativo perfil crea más caos en la opinión pública.
Ese era el modus operandi del extinto Departamento Nacional de Investigaciones (DENI), que jamás se molestó por obedecer las instrucciones de los fiscales ni jueces, sino cuando venían refrendadas por oficiales de las Fuerzas de Defensa.
Esta administración ha resultado excelente en el montaje de toldos a lo largo del territorio nacional para celebraciones de todo tipo.
Ahora lo que el pueblo entero contempla, atónito, es un circo máximo: viajes sin parar con gastos imparables, agro de brazos caídos, canasta por las nubes, sistema de salud agonizante, educación escrita con “H” o condenas en procesos a ingentes delitos contra la cosa pública y una desbordada regulación bancaria que está por ahogar el sistema.
De mantenerse así las cosas, que claman por una constituyente que devuelva al país su auténtica condición democrática, nos veremos abocados, en 2019, a las elecciones de una nueva corrupción. Nunca será muy trillado el dicho de que la historia se repite en espiral: este tipo de crisis nos trajo, en 1968, una revolución verde olivo de ingrata recordación. Es inconcebible que la escogencia de constituyentes altere (aún más) el orden público trastocado por la partidocracia, cuando precisamente está llamada a encausar debidamente al país.
El autor es abogado