Cada vez que hay una referencia al programa de Invalidez, Vejez y Muerte, IVM, del Seguro Social, se dice que el mismo está actuarialmente desfinanciado, es decir, que en pocos años el pago de pensiones superará los ingresos del IVM y se tendrá que tomar parte del capital para pagar pensiones, hasta extinguir el fondo. Esta afirmación, que en su sentido general es correcta para cualquier fondo de pensiones, tiene matices cuando hablamos del programa de Invalidez, Vejez y Muerte, IVM, del Seguro Social. Veamos.
En primer lugar, no es un fondo homogéneo en su composición, financiamiento y uso de los recursos. Por lo menos hay tres fondos distintos dentro del IVM.
El primer fondo está constituido por un grupo de empleados públicos que gozan de privilegios de contar con un nivel máximo de años de servicios, generalmente por debajo del resto de los mortales, y que gozan de pensión completa con el último sueldo. Maestros, policías, personal de salud, empleados de algunas entidades descentralizadas, etc., pese a que la Constitución Nacional es clara en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que no habría fueros ni privilegios, salvo maternidad, electoral, etc. La realidad es otra. El gobierno le otorga a los grupos de empleados públicos con poder de huelga, derechos que son privilegios comparados con los demás cotizantes. El Estado debe o debería compensar a la Caja por estos privilegios otorgados, por lo cual este grupo no debería tener problemas de financiamiento de sus pensiones.
Sin embargo, hace poco el señor presidente de la República hizo este privilegio extensivo a un grupo de trabajadores de empresas privadas agrícolas. Esperemos que el Estado, no la Caja, asuma el pago de las diferencias con cargo a ingresos del gobierno central.
Hay otro grupo más numeroso, que es el antiguo sistema de reparto. Basado en una supuesta solidaridad que no existe.
Un ejemplo. Sobre la base de que un trabajador cotiza 9.75% y el empleador 12.25% para un total de 22% del costo de la planilla que recibe la Caja, un trabajador que gana US$2 mil 500, su cuota obrero patronal sería de US$ 550.00/mes. Por otro lado, un trabajador que gane US$1,000 mensuales, su cuota obrero patronal sería de US$220/mes. Se necesitarían casi siete trabajadores de este último nivel cotizando para pagar la pensión del jubilado de mayor pensión, mientras que la cuota de este último alcanzaría a pagar a un trabajador o menos que gane US$1,000.
Es decir, se necesitan más trabajadores de menores ingresos cotizando, para pagar la pensión de los de mayor ingreso. Aquí la solidaridad es de los que ganan menos hacia los que ganan más. Este fondo además tiene la particularidad de que está prácticamente cerrado a nuevos cotizantes, y por otro lado tiene un incremento constante de empleados que pasan al grupo de pensionados. De lejos, este subprograma es el que tendría problemas de financiamiento.
El tercer subprograma, es el de ahorro individual, producto de la última reforma que se atrevió a hacer el gobierno del periodo 2004-2009. Este programa por la edad de sus miembros cotizantes, es el que de lejos tendría una acumulación de ingresos interesante, y pocos pensionados. Es decir, es un programa solvente. Aunque no he conocido que los participantes del mismo, al ser un sistema de ahorro individual, reciban información periódica de los saldos a su favor en dicho programa, de manera tal que pudieran diseñar estrategias complementarias de acumulación de ingresos, para cuando les llegue la hora del retiro.
En pocas palabras, hay tres subprogramas dentro del IVM, ninguno es solidario, uno debe tener fuentes de ingreso provenientes del gobierno central, otro está acumulando ingresos por la naturaleza reciente del mismo y sin viabilidad financiera.
Opciones para administrar estos fondos. En ausencia de cifras claras auditadas, necesariamente nos movemos en el área sinuosa de las especulaciones. La Caja tiene activos no productivos. Ejemplo, terrenos ubicados en áreas revertidas del área cercana al coast way. Una manera de hacer estos terrenos productivos, es lograr una asociación público privada, APP, previa revisión de la ley de estos mecanismos, para la recuperación de esos activos, su puesta en venta y financiamiento. Ganaría mucho más la CSS en esta figura, que dejando deteriorar esos bienes o peor, venderlos como escombros, al margen del valor de las tierras.
Pero al margen de estas recomendaciones muy puntuales y específicas, se requiere seriedad del Estado en el manejo de este tema, que se afronte con valentía y serenidad, y que se adopten políticas públicas que generen el empleo sostenible y de calidad.
El autor es economista
