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¡Prohibido fallarle a los niños!

Algunas consignas que resuenan desde hace algunos años son: “Los niños primero” “Con los niños no”. Pero…¿Se trata solo de un juego de palabras que combinan para recordarlas pero no tanto como para generar un despertar colectivo que asegure de manera efectiva los derechos de nuestra niñez? Justo cuando parece que los casos de abusos a menores de edad calan en nuestra sociedad para generar una fuerza colectiva que exige justicia, hay un escándalo de la farándula o de algún político que viola nuevamente su juramento de cumplir con su deber con la patria. Nos negamos a creer que ello sea a propósito para desviar la atención ante una situación tan grave. ¿Hemos deshumanizado que cientos de niños y niñas son abusados de las maneras más dolorosas y deplorables?

¿Hemos normalizado la impunidad ante la violación de los derechos de nuestra niñez? Ocurre cuando encubrimos a los abusadores, cuando hay un pacto implícito de silencio y cuando esperamos que sea alguien más que luche por nosotros y por nuestra niñez. El silencio, la indiferencia y mirar hacia otro lado no son opciones.

Mientras tanto, nuestros niños esperan.

En un país en el que uno de cada tres niños es pobre multidimensional, el abuso sexual es solo una de las múltiples manifestaciones de la violencia que enfrentan niños, niñas y adolescentes (NNA) en Panamá, especialmente en el entorno más próximo a ellos, justo el mismo que debe protegerlos.

Todo caso de abuso sexual contra NNA es inaceptable. Se violan sus derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes de la República. Hay graves y duraderas repercusiones en la vida y desarrollo de la niñez y adolescencia. El silencio, la indiferencia y mirar para el otro lado no son opciones.

Cifras del Ministerio Público revelan que 2022 cerró con 5 mil 594 casos reportados de violaciones y otros delitos sexuales y 3 mil 713 casos de maltrato a niños y adolescentes. La mayoría de los reportes provienen de las provincias de Panamá, Chiriquí y Panamá Oeste.

No es ético olvidar los casos de abusos en los albergues: aún no conocemos quiénes son los responsables de lo ocurrido. Sería lamentable que, con intención, no se revelen quiénes son los verdaderos responsables. No se trata de simples expedientes: son seres humanos y no es correcto olvidarlos.

Abundan los casos: una niña de 8 años es abusada y embarazada por alguien de su entorno familiar. Es obligada a ser madre. Se evidencia la falta de una política pública certera y de protección. El caso más reciente es el de la niña de 10 años que muere en la provincia de Chiriquí, tras recibir una golpiza.

Nuestro papel como sociedad es garantizar la protección integral de los derechos de los NNA. Ello incluye brindarles entornos seguros y una atención inmediata y especializada para restituir sus derechos en caso de que hayan sean vulnerados.

Abundan las normas y las leyes. ¿Consideran estas normas las realidades de los hogares? ¿Toman en cuenta los contextos diversos en la geografía nacional? ¿Qué pasa cuando esas mismas normas que pueden ser efectivas en la capital, deben hacerse cumplir en lugares remotos sin acceso a celular, internet, donde ni la policía ni los maestros llegan y donde el entorno es abismalmente desigual? ¿Cómo garantizamos la protección de nuestra niñez con algún tipo de condición o discapacidad, los más vulnerables?

No podemos permitir que se institucionalice la impunidad en perjuicio de nuestros NNA. Cuando se humanizan los casos de abusos sexuales y tenemos la conciencia que le pudo suceder a cualquiera, incluso a seres queridos, el impulso de actuar es mayor. Son miles de vidas que merecen respeto y cuidado.

Es un deber cuidar y proteger al motor de nuestra sociedad del mañana. Debemos garantizar su bienestar, procurando siempre el interés superior del menor de edad. La familia y la sociedad deben jugar su rol como entes protectores de los niños. No están solos. No podemos permitir que la segunda familia - la sociedad- les siga fallando.

La autora es egresada del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana (LLAC) 1.0 2019 y 2.0 2020 y miembro de Jóvenes Unidos por la Educación.


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