El 1 de diciembre la sociedad civil unificada en VIH y colectivos Lgbtiq hemos sido convocados por el Ministerio de Salud (Minsa) a una misa en la capilla del cuartel central de la Policía Nacional. Yo no voy. Esta citación demuestra el desconocimiento, sea intencional o no, de la realidad de las poblaciones clave que somos particularmente vulnerables a grupos que por razones de fe promueven los antiderechos y de instituciones armadas que nos han violentado y victimizado desde siempre.
Esto es un claro ejemplo del bajo reconocimiento que tienen los derechos humanos, y la negación de la realidad de nuestras poblaciones que perpetúa la discriminación. El Minsa no nos conoce, no nos reconoce en el trabajo que hacemos en dar una respuesta a nuestra población.
El viernes 1 de diciembre se conmemora otro año de lucha contra el VIH y sida. Una epidemia que continúa siendo un tema importante en la salud pública internacional y nacional. El primer caso de VIH en Panamá se dio en septiembre de 1984 y tenemos 39 años con esta epidemia viviendo entre nosotros, especialmente las poblaciones tales como, hombres gais y hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans y trabajadoras sexuales femeninas.
Debo reconocer que, en cuanto a acceso a medicamentos y tratamiento, y gracias a la tenacidad de muchos activistas y el accionar de grupos organizados de organizaciones Lgbtiq y de personas que viven con VIH, se han hecho importantes avances. Pero el tema de acceso a medicamentos ha predominado sobre el trabajo de prevención y derechos humanos.
Lastimosamente perdimos el apoyo del gobierno de Laurentino Cortizo. Su esposa renunció a la Comisión Nacional del VIH (Conavih) alegando que era un tema de salud y no de derechos humanos, y que el ministro de Salud es quien debería presidir la comisión. La misma tiene más de tres años de no reunirse. Un golpe muy duro, que hizo retroceder un trabajo arduo de la sociedad civil y las agencias de cooperación. Con esa renuncia perdimos oportunidades de acceder al poder político y administrativo para encontrar una respuesta sostenida al VIH, y dejar este ciclo de ensayo y error en que vivimos. Con casi cuarenta años de epidemia en Panamá, la improvisación no se justifica.
El Plan Estratégico Multisectorial en VIH de Panamá, 2020-2024, mejor conocido como PEM, fue socializado con la sociedad civil organizada y personas que viven con VIH, y el mismo fue unánimemente rechazado por estimar cifras irreales de población en riesgo. A pesar del rechazo, el Minsa, de manera irresponsable, lo presentó como un plan de trabajo de país ante las agencias, lo cual ha traído todo tipo de problemas en el trabajo; entre ellas la sobre oferta de pruebas de VIH a poblaciones clave, pero las incongruencias del trabajo no terminan ahí. Onusida determina una prevalencia de seis por ciento en hombres gais y HSH para Panamá, pero el Minsa reporta un veintitrés por ciento. Un problema que nunca han podido explicar ni justificar.
Lograr que el Ministerio de Salud vea más allá y que los derechos humanos sean una pieza crucial en el trabajo ha sido y sigue siendo un obstáculo. Ver los contextos que llevan a las poblaciones clave asumir riesgos, a temer al estigma y discriminación del sistema de salud, y el servicio hostil que caracteriza el sistema de salud no han sido resueltos. Con los cambios de gobierno y de funcionarios de salud, pareciera que estamos atrapados en la película de Luis Buñuel, El Ángel Exterminador, donde las mismas escenas se repiten sin que sus protagonistas puedan escapar. Cada vez que entra un nuevo gobierno debemos retomar sensibilizaciones, los mismos reclamos y volver a planificar acciones. Es agotador.
La respuesta es lenta y con un personal insuficiente que están saturados de trabajo. Debo reconocer que hay salubristas verdaderamente comprometidos en mejorar la calidad de los servicios y que tienen que confrontar un sistema burocrático que los limita. Lo que se ha avanzado es gracias a financiamiento de Usaid a través de sus programas de ayuda ante el VIH.
El Minsa alega falta de fondos, aunque todos sabemos que Panamá cuenta con los recursos necesarios, pero sus autoridades tienen otras prioridades, que no son necesariamente el bien común. Esto me recuerda las acciones con MPOX, donde varias organizaciones Lgbtiq logramos el accionar del Minsa, a pesar de que alegaban que la vacuna era muy cara. Lograron hacer vacunaciones de un grupo importante de hombres gais y trabajadores sexuales. Alcanzando la meta de que no hubiese más infecciones en nuestra población.
El autor es activista de derechos humanos LGBTIQ Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá
