De los cuatro encausamientos penales contra Donald Trump, el más grave es el de Georgia, que lo acusa de haber conspirado con 18 personas para impedir la certificación oficial de los resultados de la elección presidencial de 2020. Según se acusa, los conspiradores pretendían efectuar un golpe de Estado por medio de fraude, perjurio, falsificación de documentos, presiones políticas, interferencia con máquinas de votación, amenazas, y violencia. Que esto haya ocurrido en Estados Unidos es inconcebible, sobre todo porque el supuesto líder golpista es nuevamente candidato a la presidencia, con decenas de millones de seguidores fanáticos. (El martes pasado, un juez en Nueva York falló que ese mismo golpista ha construido su fortuna a base de persistentes fraudes multimillonarios.)
Aunque los abogados defensores de Trump desean aplazar el juicio en Georgia hasta después de las elecciones de noviembre de 2024, dos de los 19 acusados solicitaron un juicio expedito –”speedy trial”—que es su derecho bajo el sistema de Georgia. El juez Scott McAfee –un exfiscal con menos de un año de ser juez—ha puesto el juicio de Kenneth Chesebro y Sidney Powell para el 23 de octubre y ha dispuesto que las audiencias del caso sean transmitidas en vivo por YouTube.
En una audiencia preliminar, los fiscales revelaron que presentar el caso completo tomará por lo menos cuatro meses e involucrará por lo menos 150 testigos, por lo que no será factible enjuiciar por separado a cada acusado. Sin embargo, el juez McAfee considera probable que se divida los 17 acusados restantes en varios grupos. Entre los muchos problemas de logística, el juez McAfee señaló que no tiene disponible un salón de audiencias suficientemente grande para tantos imputados. Falta por verse si el juicio de Chesebro y Powell requiera tanto tiempo e involucre a tantos testigos, ya que ellos no están implicados en todos los 41 cargos del llamamiento a juicio.
Específicamente, a Chesebro, abogado, se le acusa de ser el arquitecto del esquema de “electores fraudulentos” que, sin fundamento alguno, impugnaron el resultado de la elección en siete estados. La idea era que como el vicepresidente Mike Pence, en su rol constitucional, presidiría la certificación de los resultados de los electores oficiales, presentar “fake electors” permitiría que Pence declarara improcedente esa certificación. Eso daría lugar a dos opciones que beneficiarían a Trump: que la Cámara de Representantes (donde los republicanos tenían mayoría) decidiera la elección o que la disputa fuera elevada a la Corte Suprema (donde Trump estaba confiado de ganar). Pero, para sorpresa de Trump, Pence mostró una valentía nunca antes vista y rehusó hacer lo que le pedían. Por ello fracasó el plan de los “electores fraudulentos”, que había requerido la falsificación de documentos y otros delitos.
A Powell, también abogada, se le acusa de haber interferido con las máquinas de votación en Georgia y haber accesado ilegalmente a las listas de votación.
El juicio a Chesebro y Powell se iniciará con la escogencia del jurado. Los candidatos a jurado serán interrogados por la fiscalía y los abogados defensores; si el candidato a jurado revela prejuicios que comprometen su imparcialidad, el juez podrá removerlo “por causa”. Además, la fiscalía y cada imputado tienen derecho a excluir “perentoriamente” a nueve candidatos de jurado, sin tener que explicar razones. Por ello, el proceso de escoger el jurado puede ser largo; en este caso, el juez McAfee anhela poder pasar a la fase de evidencias el 3 de noviembre.
Esa fase probatoria promete ser fascinante. Allí veremos con más claridad cómo la fiscalía visualiza la totalidad de los delitos que se acusan; el alcance de la supuesta conspiración; el rol de cada participante en ella, y las pruebas que sustentan las acusaciones. Del otro lado, claro, también veremos los argumentos y las pruebas de la defensa. Ya se sabe, por ejemplo, que Chesebro argumentará que él meramente brindó análisis jurídico sobre estrategias que la campaña de Trump podría considerar. Sus defensores han objetado que la fiscalía presente en el juicio los memorándums y correos electrónicos que Chesebro envió a distintos asesores de Trump, alegando que estos están protegidos por la confidencialidad que debe regir entre abogado y cliente. A eso, la postura de la fiscalía es que esa confidencialidad no aplica si el abogado está asesorando la comisión de un delito.
Es prematuro hablar de la posible sentencia para Chesebro y Powell si son condenados, pero definitivamente encaran gran riesgo de prisión.
La autora es abogada y periodista jubilada
