La Constitución Política de una nación es una carta magna que define fundamentalmente el Estado institucional que rige, dirige y delega todas las funciones nacionales, según el sistema democrático que exista en el momento de su creación. Si un país no posee un sistema democrático y se columpia entre los dos extremos: de derecha o izquierda, funciona como una dictadura, la cual no voy a describir, por razones de espacio, pero que en ambos extremos el gobierno es de carácter dictatorial.
En Panamá, cuando ocurrió el golpe de Estado de 1968, existía una Constitución democrática desde 1946, pero que también se violaba por el impulso controlador de una oligarquía tradicional. Luego del golpe de Estado, se derogó la Constitución del 46, se gobernó por decretos, según el dictador de turno, y se impuso la nueva Constitución de 1972, que nos rige actualmente, solo que luego que “desapareciera” el primer dictador, se le anuló el artículo No. 277 que le designaba, con su nombre completo, para que ejerciera todos los poderes del Estado: políticos, económicos y sociales en toda la nación.
Si bien es cierto que la actual Constitución de 1972 ha sido modificada varias veces por juristas capaces y notables por sus principios democráticos, la verdadera realidad es que, hasta el presente, el molde estructural de la actual Constitución solo propicia el corrupto sistema político actual y la centralización de los poderes del Estado, todo lo cual permite las negociaciones corruptas, para derivar en el extremo de que ya hemos colapsado como nación democrática y las secuelas de la dictadura (1968 – 1989) persisten y anulan realmente el sistema democrático nacional que debió preservarse después de la dolorosa invasión de 1989, que ningún verdadero civilista la solicitó nunca y que surgió después de que el último dictador, además de sus desmanes, le declarara la guerra a Estados Unidos.
Es absolutamente necesario, urgente y actual que se prevea, al menos desde el próximo gobierno de 2019, que se efectúe el cambio de la actual Constitución mediante un cuerpo de notables elegidos a nivel nacional, escogidos por sus cualidades de honestidad, capacitación histórica y futura de nuestro país, para cambiar todo el sistema estructural e integral del Estado panameño, y que funcione un sistema nacional verdaderamente democrático, pero con el respeto máximo al título constitucional sobre el Canal interoceánico.
En Panamá, aunque dolorosamente vivamos en el “país de los huecos”, si tuviésemos una correcta administración, por nuestra pequeña extensión territorial y casi 4 millones de habitantes, solo debiera haber dos clases sociales en todo el país:
1. La clase de los ricos, honrados y con sensibilidad social, que los hay, y que invierten para tributar al tesoro nacional y generar empleos, y
2. Una clase media que abarque el resto de sus habitantes, donde todos tengamos capacitación y empleo, casa propia, agua potable, educación adecuada, salud y hospitales y carreteras por todo nuestro pequeño istmo (no más trochas ni puentes caídos) y un verdadero desarrollo agroindustrial, etc., etc., de acuerdo con el manejo honrado de los bienes nacionales para beneficio de todos.
Ruego a Dios que así sea y esto pueda lograrse por la vía electoral democrática, para sacudirnos de la corrupción galopante, que no solo es económica, sino moral, social y de ausencia de justicia, de modo que volvamos a ser como una perla, para beneficio del mundo, con nuestro Canal y para bienestar total e igual para todos los panameños.
La autora es educadora