CAMBIOS CONSTITUCIONALES

A propósito de las reformas

La teoría de la comunicación es aplicable tanto a actos políticos del Ejecutivo como del Órgano Legislativo e incluso del Judicial, puesto que las formas de comunicación articuladas en términos de Estado Constitucional de Derecho son parte de un proceso más amplio de racionalización de los mundos de la vida de sociedades modernas sometidas a presión de imperativos sistémicos de los que son imposibles escapar ileso.

Sólo son legítimas, admisibles o correctas aquellas normas que hayan sido aceptadas por todos los posibles afectados, en discursos desarrollados en condiciones tales que sus resultados tengan a su favor la presunción de venir determinados por los mejores argumentos, y aceptadas en beneficio de todos por igual.

Para que cualquier propuesta de pretensión de verdad sea justificada, deberá, para contar con validez epistémica, defenderse con razones frente a críticas y objeciones de posibles antagonistas, producto de lo cual surgirá un acuerdo racionalmente motivado del conjunto de la comunidad.

Lo que debe contener nuestra nueva Carta Magna (no sus reformas), debe provenir de un consenso internalizado, de la opinión final, hacia la que toda investigación se dirige, que será así independiente, no del pensamiento en general, sino de todo lo que es arbitrario e individual en el pensamiento y, por tanto, de lo que pensemos tú o yo, o cualquier número de personas.

Si la intención de ejercer un derecho como crear o modificar la Constitución, arrogado por una mal llamada “concertación”, encuentra resistencia, el conflicto se presenta, necesitándose el Derecho Procedimental para ordenar trámites por referencia a los cuales son resueltos.

Además que nuestras diferencias requieren un orden en la discusión, el conflicto hace imprescindible una eficaz protección jurídica por medio de su racional administración, lo cual se encuentra, hasta ahora y quiera Dios continúe, en manos de las autoridades políticas constituidas formalmente.

El estudio de corrientes doctrinales modernas, analizadas a la luz de los hechos encarnados en el procedimiento utilizado por el Ejecutivo y el Legislativo para aprobar las reformas, presenta el obstáculo mayúsculo de no estar avalado por un importante número de ciudadanos que se han venido pronunciando.

Es digna de ponderación la conducta civilizada y mesurada de estudiantes, quienes valiente e inteligentemente, protagonizan y mencionan con propiedad los procedimientos a que nos referimos, lo cual merece mayor escucha. A la luz de la teoría y práctica del Derecho, fundada en la filosofía moral y la teoría política, si queremos hacer del esfuerzo desplegado hasta ahora algo útil, con el ulterior propósito que la conducta social sea del hombre bueno y justo, de abolengo socrático y hegeliano, es necesario que las teorías del derecho se unan al destino jurídico de la ética procedimental.

Jurgen Habermas, al explicar el carácter deontológico, cognitivista, formalista y universalista de la ética kantiana, sostiene que Kant sólo se refirió a que los juicios morales explican cómo solucionar conflictos sobre la base de acuerdos racionalmente motivados a la luz de principios. La ética discursiva, por su parte, es la procedimental que formula, en lugar de principios sustantivos, reglas procedimentales para solucionar problemas morales, razón por la cual aborda las cuestiones entre Derecho y moral, también procedimentalmente.

La validez de una norma legal o constitucional, pero especialmente de ésta, no dependerá de su conformidad con algún precepto moral superior, sino más bien, y en mayor medida, de la satisfacción de condiciones relativas a procedimientos.

Por tanto, solo serán legítimos aquellos juicios que provengan de la teoría discursiva y procedimental de la corrección de normas según la cual es correcta si, y sólo si, puede ser el resultado de un cierto procedimiento, y precisamente del procedimiento de un discurso práctico racional sobre el cual hasta ahora nada han dicho las autoridades legítima y políticamente constituidas.

De allí que el procedimiento empiece por ser de argumentación, no de decisión, y mucho menos de imposición, como acostumbramos observar en nuestro medio, especialmente en el hemiciclo legislativo. Es imprescindible la norma tácita del reconocimiento del otro, y la probabilidad, no solo posibilidad, de un entendimiento colectivo para que cualquier acción tenga éxito.

Estas ideas son tan buenas para el dogmático como para quien elabora proyectos, o quien lidera comunidades o grupos de presión frente a instituciones públicas y privadas y, sobre todo, para quienes detentan poder, y para todo aquel que piensa en el derecho, siendo lego, y aun para la vida ordinaria en que desde que amanece estamos relacionándonos y socializándonos.

Guardamos la esperanza que pronto haya discusión sobre el imprescindible entendimiento acerca de normas de procedimiento, para luego, como escuché de un joven estudiante en un medio televisivo, ponernos de acuerdo en lo sustantivo o de fondo. Que haya reglas claras sobre el método es también la esencia.

El autor es catedrático de Derecho de la Universidad de Panamá

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