Una de las críticas hechas al anterior gobierno era la tensión social que generaba con alguna regularidad. Con marcada frecuencia se planteaba que se vivía de sobresalto en sobresalto y que eso no era conveniente para el país. Esto no ha cambiado nada.
No cabe duda de que en los gobiernos presidencialistas, el Ejecutivo tiene un peso específico que produce -por ello- un desbalance, poniéndolo en un lugar preferencial, con relación a los otros poderes del Estado. Haciendo solamente válido para el discurso, aquello de: separación y armónica colaboración entre ellos, tenemos la imposición de la figura presidencial, que se ha convertido en el principal referente de la gestión pública, en esto que llamamos democracia.
Es el caso, que si por Constitución le cabe asumir una responsabilidad, las decisiones deben contar con el respaldo de la ciudadanía o al menos con la consulta, puesto que se gobierna para la población y no para los intereses particulares.
La elección de dos nuevos magistrados era una oportunidad valiosa para impulsar un esfuerzo en la dirección del recobro de la confianza en el Órgano Judicial, lo cual es una tamaña tarea que ha de realizarse con empeños heroicos.
La sociedad no entra a cuestionar las condiciones académicas de los propuestos para tan altos cargos, y ni siquiera su peregrinar por los caminos de la administración de justicia. Esto le corresponde al sector técnico y ya algunas voces de juristas prestigiosos y además estudiosos del derecho, así lo han hecho. Esto -a juicio nuestro- es sumamente importante porque las realizaciones académicas darán cuenta del personaje que ha de ser parte de uno de los más importantes órganos de gobierno.
Debe preocupar el señalamiento de un intelectual, en los términos de que una de las propuestas para la Corte Suprema de Justicia era una total desconocida y que ni siquiera se le conocía ninguna producción intelectual. Eso es sumamente grave. El asunto está, y eso sí lo percibe el pueblo, que los nombramientos parecieran tener razones políticas, las cuales buscan prevenir desde ya la estructura que ha de amparar y defender en el futuro ante cualquier eventualidad los intereses de quien lo propone. Es decir, se apuesta al agradecimiento, y el beneficiado con la escogencia tendrá implícito en él, la correspondencia a lo que puede ser considerado un favor.
Ningún bien se le hace a la justicia tratando de sostenerla con la politiquería, si fuese el caso. El proponente -es decir- el presidente de la República, debió explicar al país las razones de la propuesta y fundamentarlas. Se gobierna para la gente, no para órbitas estrechas, y si el “Pueblo Primero” lo es en verdad, por supuesto que debió ser considerado, al menos aunque fuese de manera simulada.
Se equivocan quienes piensan que desde el poder se puede hacer de todo. Cuando no se tiene, se puede perder todo. Ejemplos sobran.
El autor es docente universitario