Panamá necesita reformar las reglas del juego si no queremos que el país se vaya a la porra. La situación recuerda aquellas comedias de Charlie Chaplin, que cuando se cierra la puerta, se cae una ventana, y cuando se arregla la ventana se cae un cuadro.
La corrupción y el descaro no se aguantan. El nepotismo, los conflictos de interés y el robo descarado frente a nuestros ojos ya es la norma y no la excepción. Tanto así que vivimos la situación surrealista donde los diputados parecen estar en una guerra abierta contra todos por la campaña de #NoALaReelección. Hasta la presidenta del Legislativo denunció “una campaña contra la Asamblea”. Pues, sí hay una campaña, pero no es contra la Asamblea, sino contra quienes la ocupan. Que no es igual. Muchos pensamos que se debe mejorar la Constitución. Personalmente, me apetece echar a la basura la que tenemos y hacer una nueva que llene las expectativas. Sin embargo, no es tan fácil.
La reforma debe hacerse dentro de las normas vigentes, a menos que alguien esté dispuesto a “patear el tablero” y echarse al lomo una revolución. Aparentemente, todos los candidatos a la presidencia tienen algún plan al respecto.
Ya el actual lo tenía y finalmente ignoró lo de la constituyente (tampoco sorprende que no cumplan algo). Aunque fuera posible, demorará buen rato un cambio real. El elemento en donde estamos de acuerdo es que se requieren cambios de fondo en la justicia.
Basados en eso, los gremios de la empresa privada han propuesto cambios al sistema de justicia, que pudieran aprobarse rápidamente por dos asambleas -la actual y la que comenzará en julio- para implementarlas en poco tiempo, mientras se decide sobre la constituyente.
Los cambios serían: los magistrados de la CSJ estarían en el cargo por 20 años y se crearía una comisión de evaluación y postulación (con participación de grupos representativos de la sociedad) que haría una preselección de candidatos, de la que el Ejecutivo propondría y la Asamblea ratificaría por mayoría de dos tercios. Igualmente, los candidatos a procurador (general y de la administración) serían propuestos por dicha comisión.
En cuanto a los requisitos para ser magistrado, se aumenta la edad a 45 años, y la experiencia profesional o académica a 15. No podrían haber participado del gobierno en funciones ni haber tenido sanciones por faltas éticas.
Los casos de denuncias contra diputados o miembros del Ejecutivo serían juzgados por la CSJ (como ahora), pero los investigaría el Ministerio Público.
Por último, el presupuesto del Órgano Judicial y la Procuraduría no podría ser menos del 2% del ingreso corriente, siendo solicitado por ellos mismos, sin modificaciones por el Ejecutivo.
Si bien son cambios puntuales, sería un gran avance lograr el consenso de dos asambleas, para implementar lo antes posible cambios sensatos que mejorarían la administración de justicia. Elemento que es el primer paso para acabar con la impunidad, que acabará con nosotros si no la detenemos.
El autor es cardiólogo